La Directiva Retorno

– PAIS DE RETORNO:

El texto plantea el principio de «retorno» de todo extranjero en situación irregular (los demandantes de asilo no están concernidos) hacia su país de origen, hacia un país de tránsito con el cual se hayan celebrado acuerdos o hacia otro país al cual el implicado quiera regresar, siempre y cuando sea admitido.

 

– RETORNO VOLUNTARIO:

La persona «sin papeles» debe obedecer un plazo de 7 a 30 días para su «retorno voluntario», que puede ser ampliado en forma «apropiada» en función de las circunstancias (niños escolarizados, otros vínculos familiares y sociales).

 

– LA DETENCION:

Se decide en caso de «riesgo de fuga» o si el inmigrante indocumentado se niega a ser expulsado. El texto garantiza a las ONGs acceso a los centros de retención, la posibilidad de recurso efectivo contra la decisión de expulsión y el derecho del inmigrante a asistencia jurídica.

 

– DURACIÓN DE LA DETENCION:

La duración máxima de retención es de seis meses, pero puede ser prolongada hasta 18 meses en caso de «falta de cooperación» del inmigrante en situación irregular o retrasos para obtener los documentos necesarios de los países terceros. Más allá de los 18 meses, cuando la expulsión parezca imposible, el inmigrante recupera su libertad. Actualmente, la duración de la retención es ilimitada en algunos países europeos (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Holanda y el Reino Unido). Los países con disposiciones más favorables como Francia (32 días de retención máxima) no están obligados a alinearse.

Sin embargo, el texto no cambiará nada en las legislaciones en vigencia en Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca, ya que esos tres países gozan de exenciones en las áreas de Justicia e Interior.

 

– PROHIBICION DE ENTRADA:

Una expulsión será seguida de una prohibición de entrada de 5 años, incluso más tiempo en caso de «amenaza grave» para el orden y la seguridad.

 

– MENORES Y FAMILIAS:

Los menores no acompañados y la familias con menores son colocados en retención especial. El texto garantiza «el acceso a la educación» de los menores y pide a los Estados miembros tomar en cuenta «el interés superior del niño». Pero autoriza la expulsión de menores no acompañados a países en los que no tengan ni tutor ni familia a condición de que haya en ellos «estructuras de recepción adecuadas».

 

40 DIAS «DETENIDOS»

España es uno de los países europeos que cuentan con uno de los plazos más cortos de detención de inmigrantes ilegales en espera de su expulsión, pero sus centros se parecen más bien a una cárcel a pesar de que no tienen carácter penitenciario.

En España hay nueve centros de internamiento de extranjeros (CIE) donde los inmigrantes en situación irregular pueden estar retenidos un máximo de 40 días, frente al tope de 18 meses que acaba de decidir la Unión Europea (UE).

En paralelo, el gobierno socialista español de José Luis Rodríguez Zapatero estudia ampliar su tope a 60 días, alegando que el actual es «muy reducido» para tramitar las expulsiones.

Si el plazo se amplía, «habrá más personas internadas y es posible que haya que abrir más centros», declaró a la AFP María Jesús Gallego, subdirectora de información del Ministerio del Interior, del que dependen los CIE.

El país es uno de los «más garantistas de la UE», por detrás de Francia, donde el límite es de 32 días, asegura, y explica que la decisión de Bruselas pretende poner un límite a los 17 de los 27 países de la UE que aún no lo tienen. Los CIE, con una capacidad de 3.500 personas ­actualmente no colmada­, donde también están internos los extranjeros condenados cuya «sentencia implica la expulsión», «no se consideran un centro de detención ni una cárcel porque la única prohibición es no entrar en territorio español», explica.

Las expulsiones son uno de los pilares de la política de inmigración del gobierno de Zapatero, que en 2007 devolvió a sus países a 55.938 extranjeros.

Los chárter fletados por la policía o el viaje del expulsado en un vuelo regular escoltado por agentes son las modalidades de devolución, previa autorización del país de origen, lo que suele retrasar la expulsión.

En los CIE trabajan asistentes sociales, traductores y abogados y aunque «no son un hotel de cinco estrellas, las condiciones son buenas», según Gallego, que niega que en abril hubiera una huelga de hambre de algunos internos del centro de Madrid que se quejaban de falta de respeto a sus derechos.

Sin embargo, algunas entidades denuncian que estos centros tienen características a veces peores que las prisiones.

Los CEI están gestionados por la policía, muy pocas organizaciones humanitarias y ningún periodista pueden entrar y «no están reguladas ni las condiciones del interno ni del derecho de visitas», lamentó Mauricio Valiente, secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).