LA VERGÜENZA EUROPEA

Ayer se aprobó por mayoría, sin cambiarle una coma, el proyecto preparado por los ministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea. El martes, primer día del debate, los socialistas presentaron una serie de enmiendas, referidas en particular a la expulsión de menores y a la exigencia de que las órdenes administrativas de detención fueran refrendadas por órdenes judiciales en menos de 72 horas. Todas fueron rechazadas. La máquina de votar de los populares (la derecha), los liberales y la extrema derecha funcionó como una aplanadora. La votación fue de 367 a favor, 206 en contra y 109 en blanco. La Izquierda Unitaria europea (el bloque GUE-NGL, que incluye a la izquierda nórdica) y los verdes votaron en contra sin fisuras. En su nombre, el diputado español Willy Meyer dijo que el texto de la directiva era «vergonzoso» e implicaba «una extensión de la política restrictiva» de los diversos países. A la vez, llamó a la movilización ciudadana contra un marco legal que sólo pretende facilitar «la expulsión de millones de personas».

De eso se trata, en efecto. El País de Madrid hace el siguiente resumen del texto aprobado, que ahora pasa a los ministros de Justicia para luego entrar en vigencia: Los inmigrantes sin papeles que sean detenidos en suelo europeo podrán pasar hasta 18 meses retenidos en centros de internamiento mientras se tramita su expulsión. Podrán ser detenidos por una mera orden administrativa (sin intervención de la justicia) y una vez expulsados no podrán volver a ningún país de la Unión Europea en un plazo de 5 años. Los inmigrantes menores de 18 años no acompañados podrán ser expulsados (repatriados).

En resumidas cuentas, se pone en práctica un mecanismo para expulsar de los países europeos a millones de inmigrantes, que antes podrán pasar hasta 18 meses encarcelados, sin intervención de la justicia, disposiciones que comprenden también a los niños. Con razón el Senado uruguayo entendió que esto último «consagra una privación de libertad que se convierte en una verdadera pena de prisión», que la directiva en su conjunto constituye «una violación de los derechos humanos básicos y en particular al derecho a la libre circulación internacional», al tiempo de destacar la «flagrante incongruencia de la Unión Europea que nutrió de inmigrantes a América Latina y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo de decenas de miles de inmigrantes».

Con una óptica análoga, el ex canciller Héctor Gros Espiell se declaró ayer sorprendido por la dureza de la decisión de la Unión Europea (que atribuyó a factores culturales, económicos y a un estado de psicosis ante las cuantiosas inmigraciones procedentes el Africa subsahariana y en menor grado de América Latina), y le reclamó «sensibilidad humanitaria» y respeto al derecho internacional, a la historia y a la práctica de la reciprocidad.

Estos conceptos aparecen también en la carta abierta del presidente boliviano a que aludimos al comienzo. Es un magnífico documento. Dice que la directiva en cuestión hace de los migrantes, documentados o no, los chivos expiatorios de problemas globales de la humanidad, sin aportar ninguna solución. Al contrario, complica terriblemente la actual situación. El siguiente párrafo merece recordarse:

«A los países de América Latina y Norteamérica llegaron los europeos, masivamente, sin visas ni condiciones impuestas por las autoridades. Fueron siempre bienvenidos. Y lo siguen siendo, en nuestros países del continente americano, que absorbieron entonces la miseria económica europea y sus crisis políticas. Vinieron a nuestro continente a explotar riquezas y a transferirlas a Europa, con un altísimo costo para las poblaciones originales de América. Como en el caso de nuestro cerro rico de Potosí y sus fabulosas minas de plata que permitieron dar masa monetaria al continente europeo desde el siglo XVI hasta el XIX. Las personas, los bienes y los derechos de los migrantes europeos siempre fueron respetados».

La «directiva de la vergüenza» es diametralmente opuesta, ya que «endurece de manera drástica las condiciones de expulsión de los migrantes indocumentados, cualquiera sea su tiempo de permanencia en los países europeos, su situación laboral, sus lazos familiares, su voluntad y sus logros de integración».