Puja agraria sigue viva  tras 100 días de conflicto

El plan de retenciones está en el Congreso de mayoría kirchnerista.

La rebelión fiscal ruralista que cumple 100 días se mantenía viva ayer miércoles en Argentina, a pesar del intento oficial de encauzar el conflicto por vía institucional, mientras el gobierno y el campo medían sus fuerzas con un acto en Plaza de Mayo y un día de protestas.

La presidenta Cristina Fernández envió la noche del martes al Parlamento un proyecto para tratar allí el plan de ‘retenciones’ (tributos) móviles a las exportaciones de soja y otros granos, que desataron el peor conflicto rural de la historia del país, uno de los mayores proveedores mundiales de alimentos.

La decisión recibió elogios de legisladores de la oposición y ruralistas, que venían reclamando el tratamiento de los impuestos en el Poder Legislativo, y descomprimió la creciente tensión política por el conflicto, que había volcado a la calle el lunes a millares de opositores al gobierno kirchnerista.

Pero lejos de sanar la puja por la millonaria renta de la soja, el proyecto levantó dudas debido a que deberá ser ratificado o rechazado, sin posibilidad de que se introduzcan modificaciones al texto original, en un Congreso donde el oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras.

“Debatamos el tema de las retenciones en el Congreso. El texto (del proyecto gubernamental) es peligrosísimo para la democracia”, advirtió la senadora María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica (CC, liberal cristiana).

Los dirigentes del movimiento agrario mantenían el lockout sin comercialización de granos hasta la medianoche del miércoles y subieron la apuesta pidiendo al gobierno la inmediata puesta en marcha de una mesa para discutir políticas para el sector.

“Nadie está dispuesto a irse a su casa a cambio de nada. Esperamos que el Congreso sea un ámbito de discusión y no actúe como escribanía y certificación del proyecto del Ejecutivo”, dijo a la prensa uno de los líderes más duros de la protesta, Eduardo Buzzi.

Los agricultores realizaban una jornada de protesta, con cierre de negocios e industrias en el interior del país, que incluía actos religiosos ecuménicos, mientras mantenían parcialmente bloqueadas decenas de rutas.

Los productores exigen que sean eliminados los tributos móviles a las exportaciones de soja, que consideran confiscatorios, y muchos de ellos están dispuestos a no vender sus cosechas tras el levantamiento del lockout, a la espera de una resolución del tema en el Parlamento.

La cosecha del considerado ‘oro verde’ fue valuada este año en unos 24.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno intenta recaudar unos 11.000 millones por vía impositiva.