GUANTANAMO: JUICIO Y TORTURAS

El centro de detención de la base estadounidense en Cuba alberga a cerca de 300 prisioneros. Muchos de ellos desde hace seis años (o sea, ingresaron poco después de los atentados del 11 de setiembre 2001) y están allí al margen de todo norma legal, sin ningún vínculo con abogados ni con familiares. Otros han sido sometidos a juicio por tribunales militares especiales, o de excepción, instalados en la base por decisión del presidente Bush a fines de 2001. Estos tribunales especiales han sido duramente cuestionados tanto en el ámbito interno como internacional. La Corte Suprema los despojó de validez en el año 2006, pero fueron restablecidos por el Congreso bajo la presión del presidente, que además autorizó (en otra decisión que provocó una condena generalizada) el uso de las torturas para obtener confesiones de los prisioneros. Ahora la Corte dictamina que estos tribunales no son legales, y que los prisioneros tienen derecho a apelar sus sentencias ante tribunales federales. El presidente del Colegio de Abogados saludó la decisión de la Corte. El presidente Bush dijo a texto expreso que la desaprueba, pero que la iba a aceptar, faltaba más.

El debate sobre las torturas en la prisión de Guantánamo (y en otras cárceles secretas de EEUU en el mundo) tuvo amplísima repercusión internacional. Quedó comprobado que allí se practicaban sistemáticamente torturas físicas y psicológicas. Entre las primeras sobresalía la simulación de ahogamiento, o «submarino» (que bien conocen muchos uruguayos que lo sufrieron en la época de la dictadura). Por otro lado, los prisioneros eran ultrajados en sus convicciones religiosas, arrojando las páginas del Corán a los inodoros y otras prácticas del mismo jaez. En una audiencia a puertas cerradas en marzo de 2007, de la cual el Pentágono publicó una transcripción parcial, Khaled Cheick Mohammed (el principal acusado por los atentados del 11 de setiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono) denunció haber sido torturado, y la CIA reconoció que fue sometido a la simulación de ahogamiento. No es por cierto el único caso, éstos suman decenas.

En realidad, el tema volvió a saltar a la primera plana porque el 5 de junio cinco acusados por los atentados del 11 de setiembre debieron comparecer ante el tribunal militar de excepción en Guantánamo. Entre ellos estaba el citado Khaled Cheick Mohammed, sindicado como su «autor intelectual», junto con Ramzi ben al-Shaiba, Ali Abd al-Aziz Ali, Wallid ben Attash y Mustafá al-Hawsawi. Ellos fueron detenidos entre 2002 y 2003 y trasladados en 2006 a la base naval estadounidense de Guantánamo. El presidente del Tribunal militar, el coronel de marines Ralph Kohlmann, les imputó una serie de cargos de los que puede resultar una condena a muerte. Esto es lo que al parecer motivó la decisión de la Suprema Corte de Justicia. El establecimiento de detención se denomina «Camp Justice. Guantánamo Bay, Cuba». El diario El País publica su foto con la leyenda: «Tribunales militares de excepción criticados por obtener testimonios por la fuerza».

Dicen los cables que el proceso se ha visto controvertido por la polémica que rodea la detención secreta de los cinco hombres y por el hecho de que la CIA reconoció haber sometido a Mohammed a torturas. En ese entorno resurgió el debate sobre las cárceles secretas de la CIA en Europa, que fueron instaladas con el consentimiento de los gobiernos de esos países. Todas eran centros de práctica de torturas.

Hablando de torturas. Acaba de publicarse una valiosa investigación sobre «la academia que enseña a torturar», que no es otra que el Instituto de Defensa para la Cooperación de Seguridad Hemisférica (Whinsec por sus siglas en inglés), un nuevo nombre para la célebre Escuela de las Américas, antes instalada en las bases yankis del Canal de Panamá. El estudio señala, con sólida documentación, que en los últimos 5 años sus graduados latinoamericanos, como en los viejos tiempos, fueron acusados de asesinatos, narcotráfico, paramilitarismo y un golpe de Estado (en Venezuela); y que el almirante James Stavridis, jefe del Comando Sur del Ejército de EEUU, afirma que el Instituto constituye «una gran oportunidad de entrenamiento para los militares latinoamericanos y ayuda a transferir parte de nuestro sistema de valores».