UE logra compromiso para avanzar en ley de expulsión de inmigrantes

El compromiso alcanzado en Bruselas debería permitir que los ministros del Interior de los 27 den luz verde al texto el jueves en una reunión en Luxemburgo y que el tema sea tratado por los eurodiputados en sesión plenaria del 16 al 19 de junio próximos en Estrasburgo (este de Francia).

Tras diversas reuniones, los embajadores de los 27 ante la UE, miembros del Europarlamento y de la Comisión Europea lograron resolver ayer miércoles el último punto conflictivo de la propuesta: el carácter obligatorio o no de brindar asistencia jurídica gratuita a las personas que serán expulsadas. En efecto, y tras recibir la propuesta de la Comisión Europea acordada con los Estados miembros de la UE, el Europarlamento había manifestado su oposición a que no se garantice esa asistencia jurídica gratuita, reabriendo el debate. Ayer miércoles, las partes acordaron modificar el artículo 12 referido a esa cuestión, incluyendo una referencia a la obligatoriedad de garantizar esa asistencia jurídica, aunque dejándola abierta a las particularidades de la legislación nacional de cada Estado miembro de la UE, según fuentes europeas.

«Es una obligación no muy obligatoria», reconoció una fuente europea consultada por la AFP.

Duramente cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y ciertos partidos políticos, la «Directiva Retorno» establece las reglas para proceder a la expulsión de los ciudadanos de países terceros, incluyendo a menores, que sean hallados en situación irregular en el territorio de la UE.

Esta expulsión o «alejamiento», como pretende llamarlo Bruselas, se hará en avión y debe ser «voluntario dentro de los posible», aunque en caso contrario se reconocerá el uso de la fuerza como una necesidad, así como la posibilidad de recurrir a un periodo de detención de 6 a 18 meses.

La «Directiva Retorno» se enmarca en un proceso de organización y endurecimiento de la política migratoria de la UE que debería acentuarse durante la futura presidencia francesa del bloque en el segundo semestre de 2008, y que estaría centrado en un «pacto europeo» impulsado por París.

Este pacto tendría como ejes un «contrato de integración» que incluye el aprendizaje obligatorio de la lengua nacional para quienes quieran llegar a Europa, el fin de las regularizaciones masivas de ilegales y una política de asilo común. Pero para que la iniciativa prospere será necesario el consenso de los 27 y por ello Francia negocia desde un tiempo con sus socios y, en particular, con España, que ya anunció que no es «partidaria» del contrato de integración.