REFERENDOS EN BENI Y PANDO

Esto se debe a que no fueron convocados como manda la Constitución (tanto la vigente como la aprobada por la Asamblea Constituyente y que debe ser objeto de ratificación plebiscitaria) y la ley. Los prefectos de estos departamentos se han colocado a la cabeza de la oposición y buscan una recomposición del poder político, desconociendo al gobierno central emanado del voto popular. Esta maniobra en varias etapas (porque a las ya anunciadas seguirán otras) tiene un marcado acento secesionista, apuntado a la división del país, y a la vez un inocultable tinte racista. Esto último se expresó el mismo domingo en ataques de los patoteros de la Unión Juvenil Cruceñista (que es lo más parecido a las bandas de las juventudes nazis) que se desplazaron al Beni y agredieron a campesinos e indígenas que se expresaban contra el referendo, en particular porque conspiraba contra la unidad territorial.

Los datos preliminares de encuestas de los sectores autonomistas y los diarios que les responden señalan que en Pando (donde había 29.184 inscritos) la abstención alcanzó 41,3% y la votación por «no» 18,4%. En el Beni, la abstención fue de 31,1% y la votación por «no» 19,5%. En ambos casos se supera claramente el 50% del electorado. Más aún. En el área rural del Beni (que en total tenía 134.469 inscritos) la abstención se elevó a 42,2% y los votos en contra a 25,88%, o sea que más de los 2/3 de los ciudadanos no respaldaron el proyecto divisionista.

Al término de la jornada el ministro de Gobierno Alfredo Rada declaró que ambos referendos, al igual que el anterior en Santa Cruz, carecen de basamento constitucional y no fueron convocados según la ley establece. Subrayó que esos estatutos son de esencia separatista y no reflejan la correcta visión de lo que es la autonomía. La nueva Constitución Política del Estado (CPE) fija márgenes de autonomía respetando las potestades que al gobierno central le confió la ciudadanía. A su juicio, los elevados porcentajes de abstención (sumados a los votos en contra) le quitan validez al pronunciamiento invocado por los prefectos opositores. Dijo además que los referendos profundizarán la división interna en ambos departamentos, que ésta también existe en Santa Cruz y se ha visto que allí no es posible aplicar el denominado estatuto autonómico. «La gente quiere autonomía, pero no así», sintetizó.

Por su parte Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, expresó que no hay posibilidad de reconocer algo que carece de raíces jurídicas. «No le haríamos ningún favor a la democracia si reconocemos estas consultas ilegales», sostuvo.

Lo más grave es que otros prefectos opositores procuran ahora subirse al carro y extender al máximo estos pronunciamientos secesionistas. Además de Tarija (donde ya ha sido anunciado para el día 22 por parte del prefecto Mario Cossío), el prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa anunció una decisión análoga para poco después, en lo cual estaría acompañado por su homólogo de Chuquisaca. El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, iniciador de la campaña, declaró que este proceso es irreversible. El riesgo de división del país es tanto mayor.

Es lo que se advirtió en la 38ª asamblea de la OEA que desde el mismo domingo sesiona en Medellín, Colombia, y recuerda el 60º aniversario de su creación, producida en el entorno del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y con apenas 21 miembros, comparados con los 35 actuales. El secretario general José Miguel Insulza en su informe inicial señaló su preocupación por la situación imperante en Bolivia, y el pleno apoyo del organismo al gobierno constitucional de Evo Morales y a sus derechos legítimos en la preservación de la unidad nacional del país. Fue enfático en la expresión del respeto a las mayorías nacionales expresadas por ese gobierno. Hizo referencia asimismo a los brotes xenófobos que estallaron en Sucre y en Santa Cruz de la Sierra (e incluso a los estallidos de violencia en varios lugares el mismo domingo). Destacó la importancia del referendo revocatorio (del presidente, vicepresidente y de los prefectos) fijado para el 10 de agosto. A su turno, el embajador boliviano ante el organismo, Reinaldo Cuadros, reiteró el carácter ilegal de los referendos, efectuados al margen de la autoridad electoral nacional.