Chile criticó la difusión del examen de Pinochet

El gobierno chileno y los partidarios del ex dictador Augusto Pinochet criticaron ayer miércoles la difusión no autorizada de informes médicos que revelan que no está mentalmente apto para ser juzgado.

«A nosotros nos parece que es feo que se falte a la palabra de la confidencialidad», dijo a periodistas el viceministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández.

Los simpatizantes de Pinochet, agrupados en una fundación que lleva su nombre, fueron más drásticos. «Se está jugando con la honra, la dignidad y la privacidad a la que tiene derecho toda persona», afirmó Luis Cortes Villa, director ejecutivo de la fundación.

Un tribunal británico determinó el martes que los informes sobre la salud de Pinochet debían ponerse en conocimiento de los gobiernos de Bélgica, España, Francia y Suiza, que reclaman su extradición, con la condición de confidencialidad.

El diagnóstico, filtrado sin embargo a la prensa española, dijo que Pinochet padece daños cerebrales y no está mentalmente apto para someterse a un juicio.

Esos análisis habían motivado en enero al secretario del Interior británico, Jack Straw, a declararse «inclinado» a permitir el retorno del general retirado a casa.

Pinochet está detenido en Gran Bretaña desde octubre de 1998 a pedido de un juez español que quiere procesarlo por crímenes cometidos durante su régimen, entre 1973 y 1990.

Pese a los cuestionamientos a la publicación de los exámenes, el gobierno chileno reconoció que siempre fue partidario de su divulgación para demostrar el deterioro de la salud del general.

«El gobierno chileno señaló desde el comienzo que si colaboraba con la transparencia y con esto quedaba claro lo que sucedía con el senador Pinochet, se dieran a conocer los exámenes», dijo Fernández.

Aunque a los partidarios de Pinochet no les gusta la filtración de los informes, también creen que facilitará su repatriación.

«Pensamos que Straw, con los antecedentes puede tomar una resolución lo antes posible que le permita regresar», dijo Cortés Villa.

Desde la detención de Pinochet, el 16 de octubre de 1998, el gobierno chileno abogó por la liberación del ex dictador y reclamó el mejor derecho de los tribunales del país para juzgarlo por los crímenes ocurridos durante sus 17 años en el poder.

Pero en Chile Pinochet cuenta con inmunidad por investidura de senador vitalicio. Cualquier proceso judicial debe contemplar primero el desafuero.

«Con la independencia que tiene el poder judicial, se puede abrir el camino para que el senador Pinochet enfrente las acusaciones y procesos que tiene pendiente en nuestro país», aseguró Fernández.

Las normas penales chilenas no consideran razones de salud o humanitarias para excusar a un acusado. Sólo si es declarado víctima de «demencia o locura» pueden impedir un proceso.

El neurocirujano de la Fuerza Aérea chilena, Pedro Aros, dijo que el informe médico arroja señales sobre un posible cuadro de demencia senil.

«En sus etapas más iniciales probablemente sí (puede tratarse de demencia senil), pero habría que certificarlo en forma más específica», declaró a radio Cooperativa. «Obviamente que un psiquiatra (…) puede también aportar para aclarar esto».

La repatriación de Pinochet se ha vuelto una incógnita tras varios fallos adversos.

Pero el gobierno centroizquierdista de Eduardo Frei confía en que podrá cumplir su promesa de traer de regreso al ex dictador antes del fin de su mandato, el 11 de marzo.

«El presidente Frei, cuando toma compromisos lo hace muy en serio y yo espero que él podrá cumplir», dijo Fernández.