POR LA PAZ EN COLOMBIA

Allí se lee: «La situación que vive la hermana República de Colombia constituye el principal factor de riesgo para la estabilidad y la paz en la región. Por ello debemos extremar nuestros esfuerzos por lograr una salida negociada al conflicto armado, que asegure una paz duradera y evite la generalización del conflicto en la región. El acuerdo humanitario constituye un paso significativo en esa dirección que permite la liberación de rehenes civiles y militares».

Este párrafo condensa un rico intercambio de opiniones, que derivó en el compromiso unánime de impulsar por todas las vías, por acción de los gobiernos y movilizaciones populares, la causa de la paz en Colombia, volviendo a colocar sobre la mesa el intercambio humanitario.

Esto es tanto más urgente desde que el presidente Uribe y su ministro de Defensa Juan Manuel Santos sólo piensan en una solución militar para el rescate de los rehenes y el aplastamiento de la guerrilla. Todavía tenemos en la retina la imagen de Uribe dando orden al mando de la fuerza armada de lanzar un operativo militar contra las FARC, lo que hizo correr un escalofrío a los familiares de los rehenes, motivó su protesta y determinó la suspensión de las acciones. Se sabe además que las dos tandas de liberación de rehenes (de Consuelo González y Clara Rojas el 10 de enero y de Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Jorge Géchem y Orlando Beltrán el 27 de febrero) estuvieron a punto de fracasar por operaciones militares en los alrededores. A Raúl Reyes lo mataron en el momento en que se esforzaba por concretar la liberación de Ingrid Betancourt y otros retenidos. Ahora, el presidente y el mando militar pretenden utilizar la muerte de Marulanda para desencadenar otra acción militar de envergadura, con grave riesgo para la vida de los rehenes.

Al mismo tiempo, han lanzado otro operativo de gran alcance para criminalizar a los parlamentarios y a dirigentes sociales y luchadores por los DDHH que bregan por la paz en Colombia. A ello se refirieron, durante el XIV Encuentro del FSP, el presidente del Polo Democrático Alternativo Dr. Carlos Gaviria en la noche del viernes y la senadora del mismo sector Gloria Inés Ramírez en la mañana del sábado. El anuncio fue efectuado en una rueda de prensa en Washington por el fiscal Mario Iguarán, un ex funcionario del ministerio de Justicia cuyo nombramiento para ese cargo fue propuesto por Uribe. Lo reiteró en Bogotá el ministro de Defensa. Los nombres de quienes se procura incriminar salen, como todos pueden suponer, de la presunta computadora invulnerable de Raúl Reyes, y a todos se les tipifican vínculos con las FARC. El colmo de la infamia es que se pretende acusar a la senadora Piedad Córdoba, gestora junto con el presidente Chávez de las únicas liberaciones de rehenes que hasta ahora se produjeron (Consuelo González y Clara Rojas el 10 de enero, Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Jorge Géchem y Orlando Beltrán el 27 de febrero. La senadora replicó con razón que el anuncio constituye una cortina de humo para ocultar los vínculos de decenas de legisladores, gobernadores, dirigentes políticos, miembros de los servicios de seguridad del gobierno de Uribe con las bandas asesinas de los paramilitares y con toda la caterva de la narcoparapolítica. Dice un cable que «el gobierno de presidente Alvaro Uribe, agobiado por un escándalo por vínculos de congresistas oficialistas con paramilitares de ultraderecha, celebró el anuncio de Iguarán», (o más bien lo propició). La nómina de los acusados incorpora a los legisladores del PDA Wilson Borja y la propia Gloria Inés Ramírez, el director del semanario comunista Voz Carlos Lozano y el periodista de Telesur William Parra, el ex candidato presidencial Alvaro Leyva, el ex asesor de paz Lázaro Viveros (que por cierto realizó gestiones por la liberación de los secuestrados), la directora de una ONG, Liliana Obando. Pero la lista se extiende también fuera de fronteras, incluyendo a la constituyente ecuatoriana María Augusta Calle, su compatriota Iván Larrea, el venezolano Amílcar Figueroa, diputado al Parlamento Andino y el profesor universitario estadounidense James Jones.

Todos salieron como conejos de una galera de la famosa computadora.

En cambio, las computadoras de la docena de paramilitares que fueron extraditados a EEUU para salvarlos de la condena, las que demostraban sus vínculos con el gobierno de Uribe, se perdieron en la noche de los tiempos. Están extraviadas, dicen los cables del 21 de mayo.

El operativo es completo, a varias puntas.