Alemania: escándalo de espionaje

El lunes, dos días después de haber reconocido los hechos, el ex monopolio y primer operador de telecomunicaciones de Europa seguía haciendo su mea culpa.

«Los casos (…) deben ser dilucidados y tener consecuencias severas», declaró al diario Bild el presidente de Deutsche Telekom, René Obermann.

La empresa de Bonn (oeste) confesó haber «utilizado de manera errónea datos de comunicación» en 2005 y probablemente en 2006.

Concretamente, Deutsche Telekom hizo verificar por una empresa subcontratada las comunicaciones de los miembros del consejo de vigilancia y de periodistas, para identificar a las personas que filtraban información a la prensa. El grupo precisó que no escuchó o encargó la escucha de conversaciones.

De todas maneras «es un enorme escándalo», dijo el lunes el sindicalista Lothar Schroeder, vicepresidente del consejo de vigilancia de Deutsche Telekom, mientras que el ministerio de Finanzas, que posee a cuenta del Estado una participación de 32% en la empresa, habló de un «ataque grave a la confianza».

«Los datos personales de nuestros millones de clientes en la telefonía fija y móvil están seguros», aseguró Obermann este lunes en el diario Bild.

La aclaración era necesaria porque según el editorialista del diario Die Welt, «los ciudadanos tienen ahora el derecho de preguntarse si sus datos se encuentran en buenas manos en Deutsche Telekom».

La pregunta es incluso más legítima porque desde inicios del año, la información relativa a datos telefónicos -identidad de los interlocutores, hora, duración, localización de las llamadas realizadas desde un teléfono móvil- debe ser almacenada por los operadores durante seis meses.

El primer operador concernido, porque es número uno del país tanto en la telefonía fija como móvil, es Deutsche Telekom.

Para el diario de izquierda Tageszeitung, el caso que estalló este fin de semana es «una prueba adicional de que el almacenamiento de datos es desproporcionado e inconstitucional».

La adopción de la ley, que aplica una directiva europea destinada a luchar contra el terrorismo, despertó una ola de protestas en un país donde, a raíz del peso de la historia, el temor a un Estado policíaco es particularmente fuerte.