Fiscalía investigará a políticos colombiano

En una rueda de prensa tras una visita a Washington, el fiscal Mario Iguarán sorprendió al anunciar que según lo hallado en los computadores, los también legisladores Wilson Borja y Gloria Ramírez, del partido de izquierda Polo Democrático, tendrían vínculos con los rebeldes, además de las senadora Piedad Córdoba, entre otros.

Las sospechas también cayeron sobre cuatro extranjeros: la constituyente ecuatoriana María Augusta Calle, su compatriota Iván Larrea, el venezolano Amilkar Figueroa, diputado del Parlamento Andino; y el profesor universitario estadounidense James Jones. Dos periodistas colombianos -Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, y William Parra, del canal Telesur-, y la directora de una ONG, Liliana Obando, también se encuentran en el listado, junto al ex candidato presidencial Alvaro Leyva y al ex asesor de paz Lázaro Víveros.

Iguarán dijo que las investigaciones se realizarán «con base en el informe de policía judicial relacionado con los computadores de Raúl Reyes», número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), muerto el 1 de marzo en un ataque colombiano a su campamento en el norte de Ecuador.

«Mi trabajo a favor del acuerdo humanitario no tiene reversa. Esperaré con serenidad la investigación de mi juez natural que es la Corte Suprema de Justicia. Voy a seguir trabajando como facilitadora del acuerdo y no le tengo miedo a la investigación», reaccionó la senadora Córdoba.

La congresista calificó el anuncio como «otra cortina de humo» por parte de sectores aliados al gobierno de Alvaro Uribe para ocultar los vínculos de políticos afectos a éste con paramilitares de ultraderecha y que han llevado a varios de ellos a la cárcel.

Por su parte, el ex asesor de paz, Lázaro Viveros, dijo a la AFP: «la noticia me deja un sabor amargo. Hay que tomarlo con mucha calma porque todo lo que hice siempre fue de cara al país y buscando la liberación de los secuestrados».

«Como miembro de comisiones de la sociedad civil que buscaba acercamientos con esa guerrilla tuve una relación muy estrecha tanto con los miembros de las FARC como con los del gobierno, a instancias del gobierno nacional y siempre de cara a la sociedad», señaló por su parte, Carlos Lozano. El gobierno del presidente Alvaro Uribe, agobiado por un escándalo por vínculos de congresistas oficialistas con paramilitares de ultraderecha, celebró el anuncio de Iguarán, un ex funcionario del ministerio de justicia cuyo nombramiento como fiscal fue propuesto por Uribe. «Si alguien resulta cómplice de grupos terroristas que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley», aseguró a periodistas el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos.

Por su parte, el canciller Fernando Araújo indicó que su despacho tramitará «ante los otros gobiernos las peticiones de requerimiento» necesarias.

La senadora Córdoba y el presidente venezolano Hugo Chávez gestionaron ante las FARC, por encargo de Uribe, un plan para lograr la liberación de unos 39 rehenes de esa guerrilla, entre ellos la política colombo-francesa Ingrid Betancourt. Esa misión fue interrumpida en noviembre en forma abrupta por el presidente colombiano.

El 15 de mayo, un informe de Interpol acreditó que los archivos hallados en los computadores de Reyes no fueron manipulados por las autoridades colombianas.