Italia: inmigración clandestina es delito

Para afrontar la emergencia de la basura, el gabinete aprobó un decreto ley, detectó cinco vertederos por abrir y nombró a Guido Bertolaso, actual jefe del departamento de la Protección Civil, subsecretario encargado de la cuestión. En una rueda de prensa al término de la reunión, el jefe de gobierno, Silvio Berlusconi, anunció que los «sitios, áreas e instalaciones vinculadas a la actividad de gestión de los desechos» van a ser declaradas «de interés estratégico nacional», por lo que se convierten en «zonas militares» que estarán protegidas por personal de las Fuerzas Armadas.

Quien promueva desórdenes contra la realización de vertederos en Campania, región cuya capital es Nápoles, corre el riesgo de ser condenado a penas de hasta cinco años de cárcel, indicó el jefe de gobierno.

Quien acceda o impida la realización de los vertederos podrá recibir una condena de entre tres meses y un año de cárcel. «No se aceptarán acciones de parte de minorías que pueden bloquear aeropuertos, ferrocarriles, vertederos: en estos casos el Estado debe intervenir usando la fuerza», agregó.

Para superar la emergencia de la basura, se apostará también por cuatro incineradoras, las cuales «son instalaciones seguras y por tanto no hay que tener miedo», dijo Berlusconi.

«En Campania habrá cuatro, una de ellas en Nápoles, de última generación», puntualizó. Si no llegasen indicaciones precisas de dónde construirla, Bertolaso procederá de manera autónoma, explicó Berlusconi. El jefe de gobierno aseguró que la primera incineradora en Campania entrará en funcionamiento antes de que termine el año.

«Volveré a Nápoles con continuidad, para confirmar que el Estado actuará con determinación en una situación que no es propia de un país civilizado», agregó Berlusconi.

En tanto, los vecinos de Chiaiano y Marano reiteraron su negativa a la eventual colocación en la periferia norte de Nápoles de un vertedero para 700.000 toneladas de desechos.

El otro gran tema afrontado en el Consejo de ministros fue el de la seguridad, «problema que concierne a todos los italianos», dijo el presidente del consejo de ministros. «No tener miedo es un derecho primario que el Estado debe garantizar», añadió Berlusconi.

El gabinete adoptó un paquete de medidas que incluye la introducción del delito de inmigración clandestina.

En el plazo de dos meses, las nuevas normas sobre seguridad adoptadas ayer, entrarán en vigor, dijo Berlusconi.

La lucha contra la inmigración ilegal y contra la criminalidad fueron dos de los caballos de batalla del centro­derecha durante la pasada campaña electoral.