Graves cargos contra oficiales del Ejército

Por Isidoro Gilbert (Corresponsal en Argentina)

Los ascensos para un grupo de oficiales del Ejército al grado superior, se están convirtiendo en un test para entender cuál es la política oficial respecto a las FFAA, no sólo la heredada con el lastre de los años del terror, sino, además, por su actuación en los últimos tiempos, en casos que conmovieron a la opinión pública.

Mientras el presidente Fernando de la Rúa y el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, no dudan en avalar la nómina de ascensos propuestos por el Ejército, algunos de los nombres que la integran han sido cuestionados por el influyente Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el que presentó en la Comisión de Acuerdos del Senado sus impugnaciones a los pliegos de ascenso de nueve militares impulsados por el Poder Ejecutivo.

El CELS sostiene que en la lista propuesta por Defensa hay cinco «carapintadas», dos represores mencionados en los legajos de la Conadep, un coronel vinculado con la manipulación de la investigación judicial del asesinato del soldado Omar Carrasco y un teniente coronel sospechado de haber participado en el grupo de tareas que operaba en Bahía Blanca durante la dictadura. La Conadep, comisión creada por el gobierno de Raúl Alfonsín, hizo el mapa del terrorismo de Estado y corroboró cerca de nueve mil desapariciones.

 

Resabios de los tiempos del terror

En el listado elaborado por el CELS hay dos coincidencias con el informe elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos. Se trata de los antecedentes de los tenientes coroneles Virgilio Alberto Moschino y Oscar Alfonso Vaquero. El primero figura en el legajo 1344 de la ex Conadep como integrante del plantel del personal represivo del Batallón 601. El segundo está mencionado en el 3575 vinculado a los vuelos de la muerte. Se lee en el informe de la Conadep que «desde el centro clandestino que funcionaba en el área de Institutos Militares hubo un ‘último viaje’ para arrojar detenidos al río, lo comentó quien lo hizo, un militar de apellido Vaquero, hijo de un general».

Para defender a este pliego, los hombres del ministro López Muphy afirmaron que Vaquero no es piloto militar y no es hijo del general del mismo apellido. Pero el CELS aunque ratificó que el actualmente teniente coronel no tiene parentesco con el ex general Vaquero insistió con su participación en la represión ilegal. Según la información que proporcionó a los senadores, Vaquero «estaba destinado en la Escuela de Artillería de Campo de Mayo y cumplió varios períodos en comisión en el Comando de Institutos Militares a órdenes de los generales Santiago Omar Riveros y Domingo Bussi. Durante esas comisiones participó en los vuelos».

El tercer militar cuestionado por su actuación durante el terrorismo de Estado es el teniente coronel Hugo Carlos Casela, quien fue jefe de sección del Regimiento de Infantería 24 de Río Gallegos entre 1975 y 1978 bajo las órdenes del mayor Emilio Ibarra. El CELS señaló que «la fiscalía de la Cámara Federal de Bahía Blanca tiene fuertes sospechas de que integraba la ‘Agrupación’ (grupo de tareas) que operó en jurisdicción de la subzona 51 secuestrando y trasladando desaparecidos. Tales sospechas no pudieron ser aclaradas debido a la interrupción de las audiencias». Casela fue citado para declarar en el Juicio por la Verdad y negó las acusaciones.

 

Objetan a carapintadas

El CELS también impugnó pliegos de militares que se alzaron contra la democracia en la rebelión «carapintada». Los tenientes coroneles Jorge Ramón Cáceres, Daniel Atilio Oneto, Jorge Raúl Daura y Luis Alejandro Candia y el coronel Emilio Daniel Terán participaron junto a Aldo Rico en la ocupación de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo en Semana Santa de 1987 que desbrozó la ruta hacia las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, con la que zafaron de ser juzgados más de 900 oficiales acusados de violaciones a los derechos humanos. A Candia, además, según el CELS, «en 1988 el Ejército lo puso en disponibilidad a raíz de la investigación por el secuestro extorsivo del comerciante Emilio García Nanni, pero su participación no fue probada legalmente y volvió a la actividad».

Por último, el CELS objetó la promoción del coronel mayor (un cargo de reciente data) Daniel Manuel Reimundes, que fue jefe del Departamento de Política y Estrategia Institucional del Ejército y uno de los hombres de confianza del ex jefe de la fuerza, Martín Balza. «Fue designado asesor del juez Rubén Caro para el caso Carrasco. El magistrado admitió ante la Comisión de Juicio Político de Diputados que, de hecho, le anticipaba todos los pasos que iba a dar en la investigación del crimen del soldado», expresó el organismo.

Raimundes es hijo de un coronel famoso en los fines de los años 50, al que se le adjudicó dirigir la logia secreta «El Dragón Verde», de mucha influencia en esos tumultuosos años presididos por Arturo Frondizi. Raimundez (hijo) está propuesto para ocupar la agregaduría militar en Washington.

Los senadores recibieron además a miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y se tomarán su tiempo para decidir quién asciende y quién no. Importa para los analistas entender las razones que tuvo el gobierno, y la conducción del Ejército, para salir a defender a oficiales con cargos serios.