Jorge Rafael Videla detenido por negarse a declarar

Videla, de 82 años, cumple prisión preventiva domiciliaria (a raíz de su avanzada edad) desde 1998 por el robo de bebés y por el «Plan Cóndor», un pacto entre dictaduras de Sudamérica en la década del 70 para perseguir a opositores políticos en toda la región.

Ahora está imputado de nuevos hechos de lesa humanidad en el marco de la llamada megacausa del Primer Cuerpo de Ejército, que investiga los crímenes sucedidos en «Club Atlético», «Banco» y «Olimpo», otro sobre «El Vesubio» y la pesquisa por delitos en «Automotores Orletti», todos centros de detención clandestinos que funcionaron entre 1976 y 1983. Son 570 casos de secuestros, 270 de tormentos y 29 homicidios.

El ex dictador declaró ayer durante dos horas en los Tribunales de Buenos Aires ante el juez federal Daniel Rafecas y fue asistido por el abogado Luis Boffi Carri Pérez.

El presidente de facto argumentó que su «juez natural» es el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Entre los nuevos hechos imputados a Videla figura la privación ilegal de la libertad (en «Automotores Orletti») de Gerardo Gatti Antuña, que, en el marco del «Plan Cóndor», también investiga el fiscal italiano Giancarlo Capaldo y por el cual la Justicia de ese país libró orden de captura internacional contra Videla y otros ex jefes militares.

Videla fue imputado por la privación ilegal de la libertad del escritor Haroldo Conti; el homicidio de Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman; los cineastas Roberto Carri y Pablo Szir, militantes de partidos políticos de izquierda, como Delia Bisutti y Raymundo Gleizer, estudiantes secundarios y universitarios y perseguidos políticos uruguayos, según informó el diario argentino Página 12.

Con relación a la nota que publicara LA REPUBLICA en la página 12 de su edición de ayer, el diario argentino Página 12 amplía la información publicando parte de la resolución del juez Sergio Torres, quien entendió en la causa.

El magistrado explicó que «la constitución, organización y funcionamiento» de los grupos operativos «se gestó desde la cúpula misma de la Jefatura de la Armada, con los medios y el personal perteneciente a esa fuerza, de un modo institucional y jerárquico». Agregó que «ninguno de los estratos intermedios entre la Jefatura y el personal operativo, de inteligencia y logística que formaban parte del grupo de tareas, ignoraban o desconocían, negaban ni impedían de modo alguno la actividad de aquella formación».

El juez detalló que «mientras duró el cautiverio de las víctimas en la Escuela de Mecánica de la Armada se les dispensó un trato inhumano, cruel y degradante». Recordó que además de la picana eléctrica, el submarino y demás métodos de torturas, los secuestrados debían permanecer «encapuchados, esposados y a veces también engrillados a la pared o a una bala de cañón y únicamente se les permitía sentarse para comer, pero mirando hacia la pared.