Evo lucha contra la secesión

El gobierno de Evo Morales ha declarado que este proyecto es inconstitucional y que se intenta implementar de manera autoritaria y antidemocrática.

Los separatistas procuran lograr su ratificación y su adopción inmediata como norma básica, obligatoria para todos los habitantes y funcionarios públicos de Santa Cruz. Se han montado a ese carro los prefectos de Tarija, Beni y Pando, constituyéndose en su conjunto en la «media luna» de enconada oposición al gobierno de Evo Morales. En realidad, están defendiendo los privilegios del sector oligárquico de esas regiones, que quieren mantener en su beneficio las riquezas en hidrocarburos y la gran propiedad terrateniente. Aspiran a disponer sin limitaciones de la tierra (hay extensiones de 400 mil hectáreas), de los recursos naturales e incluso tener su propia policía. Como contrapartida, en la propia Santa Cruz se ha constituido el amplio movimiento «Santa Cruz somos todos» que propone recorrer otros caminos y sugiere modificaciones al proyectado estatuto.

El mismo desconoce la Constitución vigente (desde 1967), así como la nueva Constitución Política del Estado (CPE), aprobada por la Asamblea Constituyente a pesar de una oposición sistemática, que obligó a cambiar tres veces la sede. El gobierno propuso que ésta se sometiera a ratificación popular el 4 de mayo. La oposición se negó. El gobierno propuso además que en la misma fecha se efectuara un referéndum dirimitorio sobre la máxima extensión de tierras permitida (5 mil ó 10 mil hectáreas). La oposición se negó. El presidente propuso a la vez que se efectuara un referéndum revocatorio, en el cual él pondría en juego la presidencia y los prefectos opositores sus cargos. Que el pueblo decida con su voto quién queda y quién sale, dijo Evo. La oposición archivó esa iniciativa en el Senado, presidido por el senador Ortiz, un peso pesado de la oposición, también de Santa Cruz.

El 8 de marzo la Corte Nacional Electoral decidió suspender los dos referendos constitucionales previstos para el 4 de mayo, y rechazó por ilegales las consultas para la «ratificación» de los estatutos autonómicos de los 4 departamentos, por cuanto únicamente el Congreso tiene facultad para convocarlos. El gobierno acató esta decisión y renovó sus iniciativas a favor del diálogo con las fuerzas políticas y sociales, incluida la iglesia católica para facilitar los contactos. De esta manera reiteraba el presidente la actitud asumida desde el comienzo de la confrontación, que se tradujo en diálogos múltiples con los prefectos en el Palacio del Quemado, creación de comisiones técnicas, debates en el Congreso y concertación con los jefes de bancada.

En cambio, los líderes de los 4 departamentos rechazan la resolución de la Corte y mantienen el proceso de los referendos, en actitud provocativa, sabiendo que estas decisiones están viciadas de nulidad por anticipado. Además de resguardar sus privilegios, como dijimos, querían poner palos en las ruedas del proceso de cambios emprendido por el gobierno desde enero 2006, a favor de la igualdad, la justicia y la dignidad de los bolivianos. Esta gente ha tenido el respaldo de la derecha del continente y de Europa en el coro de brujas de Rosario, Argentina, a fines de marzo, y también del embajador yanki Philip Goldberg (uno de los ejecutores de la fragmentación de la ex Yugoslavia), atrapado con las manos en la masa en actividades de espionaje de filiales de organismos de inteligencia de EEUU.

En estos dos años, el gobierno boliviano está recuperando la riqueza en hidrocarburos, en un auténtico proceso de nacionalización, que redujo la participación de las empresas extranjeras de 82% a 18% y aumentó en proporción inversa la del Estado boliviano. Este percibe ahora 1.930 millones de dólares, comparados con los 350 de antes del decreto del 1º de Mayo 2006. De esta suma salen los 300 millones de dólares que se destinan a los ancianos por la Renta Dignidad (uno de las disposiciones más resistidas por la oposición) y el Bono Juancito Pinto para los escolares de hogares pobres, además de 1.300 millones para inversión pública. El ingreso promedio per cápita subió de 900 a 1.300 dólares. Se ha avanzado con botas de siete leguas en la alfabetización, y este año, con la ayuda de Cuba y Venezuela, se podrá proclamar la reducción al mínimo del analfabetismo. Otro tanto acontece en el campo de la salud. Gracias a Cuba se practicaron 400 mil cirugías a la vista. La maniobra secesionista apunta al corazón de estos cambios.