La tragedia de La Tablada

Por Isidoro Gilbert

El presidente instruyó al procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, para que mediante un recurso extraordinario solicite a la Corte Suprema que les reconozca a los presos de La Tablada el derecho a la doble instancia.

El presidente firmó el decreto apenas se enteró de que los diputados justicialistas no estaban dispuestos a dar quórum para aprobar el jueves un proyecto que solucione el conflicto planteado con los condenados, en huelga de hambre desde hace 96 días.

Los condenados por el asalto al regimiento militar de La Tablada, el 23 de enero de 1989, reclaman la doble instancia para la revisión del juicio que los declaró culpables y así lo demanda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fuentes allegadas a la Corte, escriben los diarios argentinos, estiman que el alto tribunal podría acceder a ese planteo: su rechazo colocaría a la Argentina en una posición incómoda, pues transcurrieron tres años desde que la CIDH formuló su recomendación.

El gobierno tiene otra opción: abrir el recurso de revisión por medio de un decreto de necesidad y urgencia, pero es una salida de discutida validez constitucional. De la Rúa había apostado a la vía legislativa, que quedó trunca. Y si bien uno de los presos en huelga de hambre habría aumentado de peso, ante la posibilidad de que se deteriorase la salud de otros condenados, el Presidente decidió firmar el decreto. La situación se tornó más dramática hace dos semanas, cuando la Sala II de Casación no accedió a revisar las condenas, porque no existe una ley que regule el recurso.

Ahora, Marcer planteará al alto tribunal que la garantía de la doble instancia judicial está prevista en el Pacto Interamericano de Derechos Humanos y que el Presidente, como encargado de las relaciones exteriores del país, debe velar por el mantenimiento de las buenas relaciones internacionales

«Esto no significa beneficiar a los presos», dijo Diana Conti, secretaria de Derechos Humanos, para aventar cualquier interpretación que sugiera que el Gobierno quiera la impunidad de los detenidos. La presentación, lejos de producir los efectos que tendría un indulto o una amnistía, persigue que la Corte disponga que la Casación debe revisar la condena, pero no que deba revisarla.

Si la Casación no accedió a estudiar la sentencia de la condena, para ver si fue bien o mal dictada, ahora será la Corte la que –según Marcer– le deberá decir a la Casación que lleve adelante ese examen. Pero la Casación podría confirmar la sentencia.

Marcer presentará el recurso el lunes –el plazo vence el miércoles– y la Casación deberá decidir si lo remite a la Corte, que no rechazó un hábeas corpus presentado en favor de los presos. El tiempo apremia.