Jueces presionados

La integración de la Sala ya ha experimentado dos modificaciones, porque uno de sus titulares se encuentra en «comisión de servicio» y otro presentó una licencia de 15 días por enfermedad. A ello se agregó ahora «la recusación amistosa» presentada por los querellantes contra uno de los magistrados reemplazantes, Raimundo Díaz, quien hace unas semanas conformó la minoría que votó en contra del desafuero de Pinochet acordado ampliamente por el Pleno de la misma Corte, al estimar que no había fundamentos para acusar al entonces dictador de haber ordenado el exterminio de condenados con penas menores por distintos consejos de guerra.

El abogado acusador Eduardo Contreras señaló que el alegato del recurso de amparo tiene lugar bajo la presión que significa la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) que el presidente Ricardo Lagos convocó, a solicitud de los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros para después que se resuelva el trámite previo del amparo en debate, cosa que podría ocurrir este viernes o el próximo lunes.

El presidente Lagos negó terminantemente que hubiera recibido presiones para citar al Cosena con el objeto de debatir la situación que afecta a Pinochet y los efectos de las sentencias judiciales en su contra en la convivencia nacional. «Si hubiera algún tipo de presión, tenga la seguridad que no lo hubiera citado», enfatizó esta tarde.

Por su parte, Pablo Rodríguez Grez, el jefe de los defensores del desaforado senador que apoyó esta mañana el amparo, afirmó que la encargatoria de reo de Pinochet no es válida porque no se le tomó declaración indagatoria, ni se esperó el resultado de los exámenes mentales y neurológicos ordenados por el propio magistrado instructor Juan Guzmán, antes de ordenar su detención. Coincidiendo con el alegato del ex líder de «Patria y Libertad», grupo armado que apoyó el golpe, «El Mercurio» diario que ha encabezado una campaña en favor del no juzgamiento de Pinochet, publicó un artículo del mismo Pablo Rodríguez en el que sostiene que «se trata de una maniobra política, de una condena emblemática, que sirva para acrecentar la hostilidad contra el régimen militar, cuidadosa y pacientemente cultivada durante años a lo largo y ancho del mundo».

Sostiene que «difícilmente el Poder Judicial podría resistir las presiones políticas que se ejercen sobre él» y que si se «pretende juzgar a un ex gobernante por delitos amnistiados, largamente prescritos, en los cuales no le cupo intervención» esta obstinación «puede tener un alto costo, al profundizar las heridas que afectan al país y distanciar cada vez más a las Fuerzas Armadas y de Orden de la civilidad. Así comienzan las grandes crisis y quienes nos gobiernan deberían preverlo. El Poder Judicial tiene la palabra». En un tono menos amenazante, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Hernán Larraín reconoció que el Cosena no es una instancia resolutiva, ni puede enmendar las decisiones de los tribunales, pero «en el más puro acatamiento de la Constitución, puede permitir desahogar, desempantanar la situación. No tiene nada de dramático recurrir a una instancia constitucional».