Los presos de La Tablada: sin salida

La Cámara baja no pudo ayer, otra vez más en varios meses, tratar un proyecto del gobierno que abría el camino para una segunda instancia para los condenados del Movimiento Todos por la Patria por intentar asaltar el cuartel de Infantería de La Tablada (suburbio porteño) el 23 de enero de 1989. El bloque del peronismo, al igual que los de partidos provinciales y de Acción por la República de Domingo Cavallo, se negaron a dar quórum para ese proyecto, pese a que especifica que no corresponde a los condenados el beneficio de computar dos años de condena por uno de cárcel, el conocido como el 2×1, mientras se sustancia la apelación.

La docena de presos que se acerca a los 100 días de ayuno, no aceptaba tampoco una salida como la propuesta por las autoridades porque la consideran discriminatoria al negarse el beneficio del 2×1. Pero es hoy un debate abstracto aunque hay juristas que entienden que si ese proyecto es ley, los tribunales pueden dejar en libertad a los detenidos mientras se sustancia un nuevo proceso.

Lo cierto es que a media mañana, mientras LA REPUBLICA se encontraba en el Parlamento, el bloque de la Alianza recibió la mala nueva de que no tendrían número para funcionar por la oposición de todas las otras bancadas. Le costó a la Alianza cohesionarse, porque un sector del radicalismo se oponía a cualquier beneficio que dejara una rendija para que los presos por el asalto al cuartel cuando Raúl Alfonsín era presidente, pudieran conseguir ser libres.

Daniel Ortega busca una salida

El ex presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, realiza ingentes gestiones para conseguir la aprobación de una ley que abra la segunda instancia judicial como lo ha reclamado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el oficialismo se le ha sugerido que convenza a Enrique Gorriarán Merlo que utilice su influencia para que al menos los demás presos levanten el ayuno antes que se llegue a la tragedia. Gorriarán Merlo, que en algún momento fue el máximo dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo y trabajó orgánicamente para la revolución sandinista, tiene fuerte diálogo con Ortega.

Como están las cosas, lo probable es que Fernando de la Rúa apruebe el proyecto de su hermano y ministro de Justicia, Jorge, por un decreto de necesidad y urgencia, camino constitucionalmente peligroso, según el Centro de Estudios Legales y Sociales. Pero el presidente tiene la facultad de conmutar penas o indultar, pero De la Rúa no quiere, lo ha reiterado, aplicar esos remedios.

En la provincia de Formosa, el jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni se refirió a los presos como «esos delincuentes que fueron en su momento juzgados de acuerdo a la legislación vigente, con las pautas judiciales que estaban, y a mi criterio tienen que cumplir la condena tal cual fue impuesta por la Justicia». Pero al referirse al fallo conocido de la Justicia italiana, en el que ex jerarcas de la dictadura militar, entre ellos Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros, fueron condenados a cadena perpetua, reflexionó: «Es una decisión de la Justicia italiana y que a mí no me cabe opinar», pero dejó en claro que no comparte el criterio de extraterritorialidad en el que se basó el fallo. Es otra muestra más de las presiones sobre el presidente que, como están las cosas, si no quiere que uno o más casos trágicos le obliguen a enfrentar a la opinión pública, deberá recurrir a sus facultades para frenar lo peor.