"Marcha de la Resistencia"

Anualmente, en consonancia con el Día de los Derechos Humanos, se multiplican los participantes de las rondas de los jueves de las míticas Madres que elevan sus demandas por la derogación de lo que consideran leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final) o los indultos a los jerarcas de la dictadura que hace nueve años dictó Carlos Saúl Menem.

El 24 de marzo próximo se cumplirá un cuarto de siglo del golpe militar que instauró el terrorismo de Estado con su secuela de 30.000 desaparecidos, según los organismos de DDHH y decenas de miles de encarcelados, represaliados y exiliados con lo que la Marcha por 24 horas en histórica Plaza de Mayo, es un anticipo de una rememoración que promete ser multitudinaria.

Los marchantes reclaman además que terminen los procesos contra dirigentes y militantes sindicales llevados a la Justicia por participar especialmente de «piquetes», más de un millar, y otro que se ha incoado contra el líder de un movimiento de jubilados, Raúl Castells, cuyo caso está en juicio oral, acusado de «incitar» al asalto de supermercados, lo que son –dice– peticiones por comida y cuyo fallo tendrá una enorme significación. El caso de los presos por el copamiento al cuartel de La Tablada, que permanecen en huelga de hambre hace 96 días, amenaza con transformarse en una tragedia. Los 12 detenidos –de un total de 20 condenados– que se niegan a ingerir alimentos no presentaron un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara de Casación, que rechazó revisar sus condenas, porque buscan que el gobierno cumpla con los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que pueda apelar su condena a una segunda instancia negada por la ley de Defensa de la Democracia que se les aplicó en 1989 cuando fueron condenados a diferentes penas.

Buscan una salida legal

El presidente Fernando de la Rúa, que estuvo en Costa Rica, sede del tribunal Interamericano, no pudo eludir el tema y comprometió otra vez impulsar un proyecto que abre la segunda instancia pero que no satisface los reclamos de los presos. Pese a pedidos de distintos sectores, se ha negado a dictar un indulto. Los detenidos pidieron al gobierno que les «permita regresar a sus celdas para no ocupar inútilmente camas en los hospitales». Es un mensaje trágico y desesperante.

Hoy la Cámara baja tiene la oportunidad de discutir alguno de los diversos proyectos que abren el camino a los detenidos para que recurran al tribunal de alzada, pero algunos de ellos, como el remitido por el Poder Ejecutivo, aunque abre la apelación, determina que los presos no pueden ser beneficiados por el llamado dos años de pena por cada uno de condena, que les permitirían salir en libertad mientras esperan el nuevo proceso. La Alianza está dividida en la posibilidad de esta perspectiva que si es respaldada por el Frepaso y algunos radicales sueltos y tiene la total oposición del peronismo. Con todo, los legisladores de casi todas las bancadas han prometido dar quórum para abrir el debate.