LUZ VERDE A LAS TORTURAS

Esto último se hizo sin duda por orden superior. Sin embargo, aunque sea a cuentagotas, la verdad se abre paso. Aparecieron decenas de cintas de videos de interrogatorios a detenidos islamistas, a los cuales se les amordaza para impedirles orar. Esto no es nuevo. En las prisiones de Guantánamo, ese territorio usurpado a Cuba, los presos islamistas eran torturados en toda forma, y por añadidura debían sufrir que sus ejemplares del Corán fueron arrojados al water. El mundo recuerda con horror las torturas en las cárceles de Bagdad, practicadas con un sadismo inaudito, que además del sufrimiento infligido revelaban la degradación de los torturadores, despojados de los atributos de la condición humana. Ninguno de los responsables de alto coturno de estas prácticas aberrantes, de los jefes del Pentágono para abajo, ha sido condenado.

Por el contrario, el veto de Bush a la ley que prohíbe las torturas es un aliciente a los torturadores y a las máximas jerarquías de las fuerzas armadas que han impuesto estas prácticas. Según ellos, no debe existir límite de ningún orden en la proclamada «lucha contra el terrorismo internacional».

Vale la pena recordar el trámite parlamentario. Los demócratas, con mayoría en el Congreso, impulsaron la ley de prohibición de las torturas, en que se mencionaba en particular el submarino (que los uruguayos conocen bien, por haberlo padecido muchos compatriotas en época de la dictadura). Los republicanos le opusieron una resistencia encarnizada y votaron en contra. Al cabo de meses, resultó aprobado. Pero al fin del camino, aparece Bush con el veto en alto. Quienes conocen el tema aseguran que ese veto es sumamente difícil de levantar, por lo menos en este período de gobierno, porque prevalecen las potestades del presidente. Por lo tanto, luz verde y aliento a los torturadores. Tanto más desde que Bush, al defender su decisión, alabó esas prácticas como método eficaz de obtener información. Lo mimo hicieron en su época Rumsfeld (y ahora el nuevo jefe del Pentágono, Robert Gates) y el vicepresidente Cheney.

Pero hay más. Periódicamente salen a luz las prácticas monstruosas que se perpetran en Guantánamo en esta materia. Dos días después del veto de Bush se conoció el informe de la ONG estadounidense de DDHH, Human Rights First, que dice: «La utilización de pruebas obtenidas bajo tortura y el tratamiento inhumano son omnipresentes y sistemáticos con los prisioneros en Guantánamo». Formula luego la grave acusación de que ello influye en las decisiones judiciales tomadas allí (en muy pocos casos, agregamos nosotros, porque en su gran mayoría los presos están en el limbo jurídico, aislados y sin derecho a la defensa, como por otra parte sucede con millares de personas detenidas en los propios Estados Unidos en los marcos de la Ley Patriota). Al utilizar testimonios obtenidos bajo tortura ­agrega el documento, titulado «La Justicia torturada»- Estados Unidos «degrada la legitimidad de los procedimientos tanto en el país como a los ojos de la comunidad internacional, alejando a los aliados de EEUU y fortaleciendo a los terroristas».

La conclusión es que «la atención ya no se dirige a la presunta conducta criminal de los acusados, sino a la conducta abusiva de quienes los interrogan». Pues bien: esto se encuentra ahora admitido y santificado por el gobierno de Bush. Luz verde a los torturadores, dentro y fuera del territorio de los Estados Unidos.

Se recordará que las torturas infamantes en Abu Ghraib fueron ocultadas durante meses y años, hasta que finalmente salieron a luz y estallaron ante la conciencia de la humanidad. Pero los responsables directos e indirectos, en su abrumadora mayoría, siguen gozando de la más absoluta impunidad. Apenas si resultó condenada una torturadora, de baja graduación en el escalafón militar, que dio pruebas de un sadismo sin igual.

También están libres los militares que en Irak asesinaron a una familia entera, al margen de todo operativo militar. Y los que cometieron atentados análogos en Afganistán. A todos ellos Bush les dice: Adelante con los faroles.

Y son gobernantes de esta calaña los que pretenden dictar normas y calificar a todos los países del mundo en relación con la vigencia de los derechos humanos.