LA DECLARACION DE SANTO DOMINGO

En el debate general, cercado por las opiniones que sin excepción condenaban la conducta de su gobierno, Uribe alegó que debía prevalecer el principio de seguridad de los pueblos (en lucha contra el terrorismo) sobre la defensa irrestricta de la soberanía nacional. Ya señalamos que esto fue contestado en forma categórica por la presidenta argentina, Cristina Fernández. Otra de las tesis esgrimidas por el gobierno colombiano, una vez demostrada la falsedad de la versión de la persecución en caliente, fue la de que se trató de un golpe preventivo. Horacio Verbitsky recordó que esta doctrina («preemptive strike» en inglés) fue formulada con todas sus letras también por Bush en un discurso en la academia militar de West Point el 1º de junio de 2002 con estas palabras: «Debemos llevar el combate al enemigo, frustrar sus planes y enfrentar las peores amenazas antes de que se concreten». O sea, golpear primero y en cualquier parte. El principio de soberanía nacional, en esta concepción, desaparece.

Decíamos que el texto de la declaración no deja ninguna fisura. El punto 1 describe la incursión de fuerzas militares y policiales de Colombia en territorio de Ecuador. El punto 2 señala: «Rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador, y por consiguiente reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aun de manera temporal». La parte final es la transcripción literal del artículo 21 de la Carta de la OEA.

Los dos puntos siguientes registran «las plenas disculpas que el Presidente Alvaro Uribe ofreció al gobierno y al pueblo de Ecuador por la violación del territorio y la soberanía de la hermana nación» y el compromiso de que no se repetirán, tal como lo establecen los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA.

A renglón seguido se reproducen los principios de derecho internacional, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, de respeto a la soberanía, de abstención del uso de la fuerza y de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Asimismo se reafirma la adhesión a los principios de la convivencia pacífica en la región y de búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, a tenor de lo que establecen la Carta de la ONU, la de la OEA y los objetivos esenciales del Grupo de Río. Del mismo modo se reitera el compromiso de combatir las amenazas a la seguridad de todos los Estados, provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular las vinculadas al narcotráfico. En ese mismo punto (Nº 8) se consigna que «Colombia considera estas organizaciones criminales como terroristas».

Los apartados finales respaldan la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la OEA el 5 de marzo y apoyan al secretario general (José Miguel Insulza) en el cumplimiento de las responsabilidades que le fueron conferidas para encabezar una comisión que visitará ambos países y elevará su informe a la reunión de consulta de los cancilleres, fijada para el lunes 17 de marzo (ver a este respecto mi nota del día 7, «El texto de la resolución (de la OEA»). El Grupo ofrece sus buenos oficios a ambos países, Ecuador y Colombia, y permanece atento a los resultados de esa reunión, que constituye la próxima etapa diplomática relevante.

Superada una instancia crítica, la atención se concentra ahora en el intercambio humanitario. En ese sentido fue significativa la presencia en Santo Domingo, junto al presidente Chávez, de la senadora Piedad Córdoba y de Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, así como las declaraciones de profundo humanismo formuladas por el profesor Moncayo, el caminante que ha recorrido miles de kilómetros por la paz y por recuperar a su hijo, el cabo Pablo Emilio, retenido desde hace 10 años por la guerrilla.

El asesinato de Raúl Reyes puso fin a la vida de quien era en estos momentos el principal negociador a favor de la liberación de Ingrid Betancourt y de los presos de uno y otro bando.

Hay un clamor en Colombia, en toda América Latina (como se vio en Santo Domingo) y en países directamente involucrados como Francia, España y Suiza, para que este proceso reanude su curso.