OPINION INTERNACIONAL

EL TEXTO DE LA RESOLUCION

En la intervención que abrió la sesión, la canciller ecuatoriana María Isabel Salvador señaló que Colombia había violado los artículos 19, 21 y 28 de la Carta de la OEA. Esos tres artículos están mencionados a texto expreso en la resolución del Consejo Permanente. El artículo 19 prescribe que «ningún Estado o grupo de estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro». El artículo 21 señala que «el territorio de un Estado es inviolable, no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aún de manera temporal». El artículo 28 de la Carta establece que «toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviabilidad del territorio o contra su soberanía o la independencia política de un Estado americano, será considerado como un acto de agresión contra los demás Estados americanos». Los tres están citados como fundamento de la resolución adoptada.

Los hechos acaecidos el 1º de marzo están descritos en los siguientes términos: «En la madrugada del sábado primero de marzo de 2008 fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia incursionaron en territorio del Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del gobierno de Ecuador para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano». Esto es lo que pretendió negar desde la primera hora el presidente Uribe, engañando al presidente ecuatoriano Rafael Correa, como éste lo ha manifestado con todas las letras y llevó a su país a la ruptura de relaciones. La resolución de la OEA restablece la verdad de los hechos, y desmiente al delegado de Colombia y la campaña de mentiras y tergiversaciones en la que persiste su gobierno, viabilizadas por el presidente Uribe y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos.

De ahí emana la conclusión fundamental el documento, que es la siguiente: «El hecho ocurrido (al que se acababa de hacer referencia) constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de los principios del derecho internacional».

A mayor abundamiento, se acordó «reafirmar el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuere el motivo, aún de manera temporal». Es decir, se reitera el tenor literal del artículo 21 de la Carta de la Organización, tal cual lo había solicitado la delegación de Ecuador.

Por lo mismo, quedaron desvirtuadas las falaces argumentaciones expuestas tanto por el delegado colombiano (que casualmente es el mismo que como canciller había firmado los acuerdos fronterizos con Ecuador, ahora violados flagrantemente), como por el delegado norteamericano, un desconocido señor Manzanares, que comenzó afirmando que el presidente Bush había expresado de inmediato su pleno apoyo al presidente Uribe. Luego justificó la agresión en nombre de la «lucha antiterrorista», como hace EEUU en Irak y en todas partes.

Sobre las bases señaladas, se acordó crear una Comisión encabezada por el secretario general, el chileno José Miguel Insulza, e integrado por cuatro delegados, que visitarán el lugar de los hechos (y otros) e informarán a una reunión de cancilleres el 17 de marzo. Día que es un término medio entre el 11 de marzo que proponía Ecuador y el 25 hasta el cual procuraba estirarlo Colombia.

Se ha dicho que la decisión adoptada ­que fue saludada por la delegación ecuatoriana- es la más importante asumida por la organización desde que en la Conferencia de cancilleres de enero de 1962 en San Rafael, Uruguay, se decidió la expulsión de Cuba del sistema interamericano. Estos días se recordó también que en la X Conferencia Interamericana de la OEA celebrada en Caracas en marzo de 1954 se decidió, con John Foster Dulles en persona, el degüello de Guatemala, y se condecoró al dictador general Marcos Pérez Jiménez. Pero hoy la OEA es otra, porque es otra América Latina.

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