LA REUNION DE LA OEA

Al abrir la sesión, la canciller ecuatoriana María Isabel Salvador solicitó «que se condene la violación al territorio de un Estado (Ecuador) perpetrada por otro Estado (Colombia)»; que «el Consejo Permanente de la OEA designe una Comisión de Verificación que investigue in situ los hechos»; y que se informe del resultado de estas investigaciones en una reunión de consulta de los cancilleres americanos convocada a más tardar para el 11 de marzo. (A lo largo del debate Colombia reclamó con insistencia que se postergara hasta el 25 de marzo). En su fundamentación la canciller ecuatoriana señaló todos las normas internacionales violadas por Colombia al incursionar en territorio de su país, y le agregó la violación también notoria del acuerdo sobre policía fronteriza firmado por el entonces canciller de Colombia, que no era otro que el actual representante ante la OEA, Camilo Ospina.

Éste reconoció que «helicópteros colombianos ingresaron a territorio ecuatoriano» y pidió disculpas que Ecuador no aceptó. Dejó de lado las falsedades esgrimidas por el presidente Uribe desde la primera hora, en el sentido de que se habían registrado combates y una persecución en caliente. Nada de eso. Fue una masacre en toda la línea y hubo violación del espacio aéreo ecuatoriano. Y también terrestre (aunque esto no lo dijo) porque después ingresaron efectivos para retirar cadáveres. Incluso quizá se llevaron cuatro y no dos como reconocen, y dejaron heridos desangrándose, en otra violación descarada de las normas de la guerra. Pero a renglón seguido intentó justificar a su gobierno esgrimiendo la tesis de la «guerra preventiva» y sacando presuntas «pruebas» de una computadora resistente a las bombas como quien saca conejos de una galera. Tuvo el previsible apoyo del delegado de EEUU, quien declaró que el presidente Bush le había asegurado a Uribe el pleno respaldo de su país en la lucha contra las FARC. Ello tiene su lógica, desde que EEUU está detrás del operativo sangriento del 1 y 2 de marzo: en el suministro de la tecnología de punta utilizada, en el militarista Plan Colombia que está incluido en el presupuesto de la Unión, en las grandes bases militares enclavadas en su territorio como la de Tres Equinas, en las 30 empresas norteamericanas que proveen mercenarios (Soldados de fortuna, como se titula una de sus publicaciones) para las operaciones contrainsurgentes en Colombia, en los tres agentes de espionaje que fungían como integrantes de la DEA y fueron capturados en acción junto a una unidad del ejército colombiano.

La tesis de EEUU y Colombia fue demolida en forma contundente a lo largo del debate. Quedó hecha polvo tras las intervenciones de la mayoría de los delegados, que condenaron la violación del territorio y de la soberanía de Ecuador por parte de Colombia. Los tonos fueron diversos, pero éste fue sin apelación el denominador común. En tal sentido se pronunciaron Brasil, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Bolivia, Uruguay (a través de María Luján Flores, que leyó el comunicado de la cancillería), también Chile y Guatemala estuvieron firmes en la condena, así como Costa Rica y Panamá. Por su parte, Perú y Honduras se refirieron a» la intangibilidad del territorio y la soberanía», mientras República Dominicana aludió a la reunión del Grupo de Río en su país. El delegado de Venezuela señaló que se había asistido en la asamblea a «una clamorosa condena del acto de agresión y de violación de principios fundamentales del derecho internacional», expresión de terrorismo de Estado y de genocidio, debiendo evitarse que ese tema central fuera desviado mediante falacias y mentiras. Agregó que Colombia se estaba convirtiendo en un enclave guerrerista en el continente.

La delegada de Francia planteó una fórmula de mediación, con su participación, en línea con la voluntad de avanzar en el intercambio humanitario expuesta por el presidente Sarkozy (quien, según se dice, estaba gestionando una entrevista con Raúl Reyes). De inmediato Colombia se opuso.

El delegado argentino Rodolfo Hugo Gil subrayó que la pretensión de dejar de lado el principio básico de la inviolabilidad territorial de los Estados con pretextos de cualquier naturaleza implicaba «una peligrosísima línea doctrinaria» y debía ser rechazada de plano. Ése es el fondo de la cuestión.