La derecha quiere remover y sancionar al juez Guzmán

La defensa del procesado ex dictador Augusto Pinochet y partidos de la derecha chilena iniciaron una ofensiva con quejas judiciales y acusaciones políticas para remover del caso al juez especial Juan Guzmán, informaron ayer medios de comunicación locales.

El magistrado procesó el viernes a Pinochet como autor intelectual y coautor del delito de secuestro calificado en 19 casos de desaparecidos y de 53 ejecutados en el caso «Caravana de la Muerte» (ocurrido a fines de 1973), y ordenó encargatorias de reo contra los otros seis imputados en el caso, aumentando su responsabilidad penal a homicidio calificado. Guzmán sorprendió a todos con su decisión ya que no esperó a la realización de los exámenes psiquiátricos y neurológicos que él mismo había ordenado y tampoco practicó una declaración indagatoria.

La acción generó críticas de la defensa, la derecha y los uniformados, pero abogados de derechos humanos dicen que el juez se ajustó al Derecho del país. Este sábado, la defensa de Pinochet no sólo presentó un recurso de amparo para impedir el procesamiento de su cliente (que implicaría detención domiciliaria y fichaje policial) sino que además pidió a la Corte de Apelaciones de Santiago que se abran causas penales y civiles contra Guzmán, por «la gravedad de las arbitrariedades» que habría cometido, publicó ayer «El Mercurio» de Santiago.

Paralelamente, los equipos legales de los otros encausados interpusieron dos quejas en su contra por supuestas irregularidades en el caso, en lo que el propio medio escrito señala que «puede interpretarse como una ofensiva jurídica» contra el magistrado.

Dentro de los argumentos presentados, incluyen una carta de apoyo que envió Guzmán a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, quien es parte querellante en el caso «Caravana» y ha sido objeto de una campaña de descalificación de parte de la derecha.

Según el matutino, «los abogados de los imputados parecen estar decididos a que no sólo se anulen sus resoluciones, sino que sea removido del caso y, en lo posible, sancionado por su conducta». Por el incidente de la misiva de apoyo, la Corte Suprema deberá resolver si sanciona al magistrado.

El tribunal dispondrá hoy lunes del informe que pidió al juez Guzmán al respecto y entonces ya estará en condiciones de resolver.

Con respecto a la resolución del jurista de procesar a Pinochet, el abogado defensor Pablo Rodríguez Grez aseveró que puede haber sanciones penales para Guzmán porque «cometió un abuso muy grande», al no concretar la declaración indagatoria que estaba suspendida.

Según analistas locales, Guzmán adoptó su resolución para prevenir que la Corte Suprema le quite el caso, recusándolo a raíz de una carta de apoyo a Szczaranski.

Con su actuación, el juez habría puesto presión a la Suprema ya que sacarlo del caso podría ser visto como una presión por sus decisiones judiciales.

Por su parte la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), afirmó que Guzmán «no da garantía alguna de imparcialidad» y lo acusó del «exhibicionismo», de «parcialidad» y de cometer «desatinos», lo cual lo inhabilitaría para seguir conociendo la causa.

El sábado, agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones contra los derechos humanos y abogados querellantes señalaron su temor por que Guzmán sea removido del proceso, por presiones de la derecha.