URIBE, A SANGRE Y FUEGO

Uribe se hizo responsable de este operativo a sangre y fuego. Correa dijo que le había mentido, una vez más, cuando le informó que se había desarrollado un combate (que no lo hubo, porque los guerrilleros fueron sorprendidos en un campamento volante), y que estaba dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, o sea a la ruptura.

Reyes habría sido ubicado por encender su teléfono satelital en un punto del departamento fronterizo de Putumayo. El ministro de Defensa ecuatoriano, Wellington Sandoval, declaró que el operativo de las fuerzas armadas colombianas tuvo lugar en Santa Rosa de Yanamaru, provincia de Sucumbíos. El gobierno de Ecuador había protestado varias veces por incursiones del ejército colombiano en su territorio. Lo mismo hicieron los pobladores de esa zona, víctimas además de fumigaciones y ataques de la Fuerza aérea colombiana. Desde la base yanki de Manta (que Ecuador no va a renovar) partían aviones que sobrevolando el territorio participaban en el conflicto interno colombiano.

La noticia fue dada a conocer por Uribe el sábado, en el transcurso de una reunión en Medellín, con el secretario de Comercio de EEUU, Carlos Gutiérrez, y siete legisladores de ese país, destinada a impulsar en el Congreso un TLC con Colombia.

Raúl Reyes coordinaba la comisión internacional de las FARC y era su principal vocero. Fue negociador en los diálogos de paz en la zona desmilitarizada del Caguán, en el sur, entre enero 1999 y febrero 2002, bajo el gobierno de Andrés Pastrana. Durante esos años viajó a Europa, México y Costa Rica. En su carácter de portavoz, fue luego el principal contacto con los periodistas. Fotos recientes lo muestran en una entrevista en la selva con la senadora colombiana Piedad Córdoba, en el proceso que condujo a la liberación de Clara Rojas y Consuelo González. El 28 de febrero, cuando ya estaban en Caracas los ex congresistas liberados, Gloria Polanco de Lozada, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán y Jorge Eduardo Géchem, concedió una entrevista a los periodistas Aníbal Garzón e Ingrid Storgen, que puede leerse en la página www.rebelion.org y en la cual se destacan dos aspectos fundamentales.

Por una parte, subraya la táctica militarista a ultranza de Uribe, que ha sido comparada a la «guerra infinita» de Bush (su principal sostenedor en esta obsesión belicista). Esto lo ha llevado a ordenar operaciones militares cuando estaban en curso los dos procesos de liberación de los rehenes. Sostiene Reyes: «Detrás de la táctica militarista de Uribe de impedir la liberación, sanos y salvos de los prisioneros, está el absoluto rechazo de este gobierno al canje y las salidas concertadas. En nada le importa poner en grave riesgo la vida de los prisioneros. Son más de cinco años sin que este gobierno se haya interesado en facilitar la liberación de estas personas, producto de la firma de un acuerdo humanitario, el cual requiere el despeje de los municipios de Pradera y Florida, garantía negada por el presidente Uribe». Agrega en este sentido que la manifestación del 4 de febrero pasado fue organizada, promovida y financiada por el gobierno de Uribe, con el apoyo de los medios y de los paramilitares. Fue «la marcha del gobierno de la parapolítica contra el canje o intercambio de prisioneros y la búsqueda de la paz, con el propósito de generar ambiente para promover la segunda reelección de Uribe». Le contrapone la marcha «por todas las víctimas, contra todos los crímenes y por la paz» del próximo 6 de marzo.

Segundo aspecto: «La liberación de los ex congresistas es el logro de la persistencia humanitaria y de la sincera preocupación por la paz en Colombia del presidente Hugo Chávez y de la senadora Piedad Córdoba. También es la más contundente manifestación de la voluntad de canje humanitario de las FARC».

Los últimos hechos tornan más dificultosa esta solución. La violación descarada de la soberanía de Ecuador, introduce un factor de inusitada gravedad en toda la región. Las últimas declaraciones de Uribe muestran que persistirá en la solución militar. Los familiares de Ingrid Betancourt han elevado su voz de alarma al respecto. Pero a ello lo empuja el gobierno de Bush, el plan Colombia y una política de militarización sistemática, que destina 6,5% del PBI (el mayor del mundo) a los gastos militares.