Presidenta argentina. La jefa la Casa Rosada se pronunció por el ingreso de Venezuela al Mercosur

Cristina K. quiere más a Brasil

En su discurso en la ceremonia de apertura de las sesiones del Congreso, la mandataria postuló esa política y esas metas como base para un «Acuerdo del Bicentenario», en alusión a los 200 años de la creación en 1810 del primer gobierno local en el antiguo virreinato español del Río de la Plata.

«Por primera vez en cien años, en cinco años ininterrumpidos hemos tenido crecimiento económico a tasas superiores a 4 y 5%. Si volvemos a crecer este año, habremos completado el mayor período de crecimiento de nuestra historia», dijo Kirchner, quien improvisó durante 80 minutos ante senadores y diputados reunidos en Asamblea Legislativa.

Ratificó los «superávit gemelos», fiscal y comercial; la tasa de cambio «competitiva», que mantiene la moneda local en una relación de unos 3,17 pesos por dólar, y la política de «desendeudamiento» que incluyó la reestructuración de la deuda en bonos y la cancelación de toda obligación con el FMI, aunque aún tiene pendientes compromisos impagos con el Club de París. La presidenta reafirmó la política de integración regional, con Brasil como «socio principal», pero reclamó una reducción del déficit comercial con el país vecino, más de la mitad generado en el sector automotor.

Afirmó que la incorporación de Venezuela al Mercosur «no es una cuestión de simpatías personales o amiguismos políticos: es un ejercicio de racionalidad para cerrar la ecuación energética en América Latina».

 

FELICES POR EXTRADICION

Dos organismos de derechos humanos de Argentina expresaron ayer su satisfacción por la decisión de la Justicia española de extraditar al país sudamericano al ex represor Ricardo Cavallo, para ser juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura (1976-1983). En forma coincidente, las Abuelas de Plaza de Mayo, dedicadas a buscar hijos de desaparecidos entregados en adopciones ilegales, y la agrupación Hijos, formada por descendientes de desaparecidos, aprobaron la decisión española y pidieron que el acusado no tenga privilegios en su lugar de detención.

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