La Justicia chilena bajo presión por caso Pinochet

Por Víctor Vaccaro

A la espera de la inminente llegada desde Argentina de las copias autentificadas con las órdenes de detención contra Augusto Pinochet y seis de sus subalternos implicados en el asesinato en Buenos Aires del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats, en Santiago se multiplican las presiones a los jueces que deben resolver la solicitud de extradición, como ocurrió con el magistrado Luis Correa Bulo, quien fue obligado a abandonar la causa en la que había dispuesto el arraigo en Chile del ex dictador.

El ministro Jorge Rodríguez, designado en su reemplazo por el mismo Pleno de la Corte Suprema que «sugirió» a Correa Bulo que «por decisión propia» no continuara con el caso, también fue cuestionado ahora por el abogado de Pinochet, Gustavo Collao, al negarle competencia para conocer un caso que según él le corresponde al presidente del Máximo Tribunal, el ministro Hernán Alvarez.

La defensa también alegó que Rodríguez votó a favor del desafuero del senador vitalicio que solicitó el juez chileno Juan Guzmán en la investigación del caso «caravana de la muerte» y pidió que se anule el impedimento para abandonar el territorio nacional, por cuanto «restringe su libertad personal» y no corresponde aplicárselo a quien goza de fuero constitucional como ex Presidente de la República y parlamentario.

Idéntico argumento planteó el jefe de la defensa Pablo Rodríguez, abogado y ex dirigente del grupo violentista de extrema derecha «Patria y Libertad», quien además pretende que la DINA «no fue una asociación ilícita» como la calificó la Justicia argentina al condenar a presidio perpetuo al agente Enrique Arancibia Clavel y que aunque lo fuera, a Pinochet lo protegería la «inmunidad de Estado».

La abogada querellante Pamela Pereira recordó que ya los tribunales ingleses rechazaron ese argumento, y que ningún ex jefe de Estado puede alegar inmunidad en crímenes terroristas y delitos de lesa humanidad. Respondiendo al defensor Rodríguez, quien sostuvo que «sería un agravio» que los tribunales chilenos entregaran a Pinochet a la Justicia argentina, la abogada de la familia Prats comentó:

«El único agravio es que miembros del Ejército asesinaran a su propio ex comandante en jefe. Si bien Pinochet ejerció de facto la jefatura del Estado, no existe jurídicamente la inmunidad para actos que van más allá de lo que corresponde a un Jefe de Estado. La afrenta más grave que ha recibido este país es que un ex comandante en jefe haya sido víctima de un acto terrorista en territorio extranjero por miembros de su propia institución».