Argentina paralizada

Por Isidoro Gilbert

Es la tercera, pero masiva, medida de fuerza que tiene lugar con el gobierno de la Alianza, que atraviesa por una crisis política desde la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez y fisuras en el bloque de legisladores.

La huelga comenzó al mediodía del jueves por impulso de la CGT del camionero Hugo Moyano y la central alternativa CTA, de Víctor De Gennaro, combativo dirigente de los empleados del Estado y alcanzó una amplitud mayor que la que esperaban sus propios organizadores y ayer con la adhesión de la CGT (oficial), transformó la fisonomía del país en un domingo.

El presidente Fernando de la Rúa dijo que la huelga se hizo «sobre la presión y la amenaza». Y aseguró que la gente «rechaza y repudia» el paro convocado por las centrales sindicales, lo que contrasta con los datos de la realidad.

El gobierno argumentó que los piquetes y los cortes de rutas atemorizaron a una mayoría que quiso trabajar impedida de llegar a sus lugares de empleo lo que fue refutado por los sindicalistas, entre otros argumentos, de que en las grandes empresas industriales sus operarios viven en las cercanías donde no juega un rol clave el transporte, que por otro lado el jueves, funcionó hasta el anochecer.

La jornada de la víspera tuvo sus matices respecto a otras huelgas. Hubo piquetes en vías ferroviarias, impidiendo que los concesionarios de los trenes pudieran mantener los diagramas de emergencia los que finalmente fueron cancelados en casi su totalidad. Hubo incidentes en líneas de transporte automotor con varios detenidos. Hubo servicios aislados del subterráneo o en los viajes aéreos y carencia total de transporte urbano.

También ayer en varios cruces de caminos se concretaron corte de rutas, pero a pesar de las amenazas verbales de algunos funcionarios, la policía no intervino para dispersar o reprimir.

Un éxito para los sindicatos

La CGT de Rodolfo Daer anticipó que realizará otras medidas de fuerza y marchas el mes próximo a menos que el gobierno organice una «mesa de concertación» para analizar los problemas de los trabajadores. La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, apellidos de prosapia para esta ex militante de la izquierda peronista, ha insinuado que se puede abrir un curso negociador con ese sector sindical integrado por los dirigentes que respaldaron por una década a Carlos Menem, a quien le facilitaron su gestión bloqueando las protestas obreras.

Para Hugo Moyano, el paro exhibió el descontento generalizado con el rumbo económico social y también propuso una mesa de negociaciones para buscarle una alternativa a la actual, en el diapasón de un último documento de la Iglesia Católica donde el dirigente de los camioneros cuenta con las simpatías de un sector y de laicos. «La sociedad en su conjunto ha mostrado una vez más que no quiere este modelo económico: el gobierno debe entender ese mensaje» y propuso la conformación de un «frente social y productivo».

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que entiende lo ocurrido como un «parazo» reclama colocar la cuestión laboral como prioritaria y se moviliza además para que se realice una consulta popular para que se ponga en funcionamiento un plan para darle un subsidio a cada trabajador y a sus hijos para que puedan estudiar de modo de impedir que se estratifique la marginalidad actual.

La desocupación de cerca del 16%, el trabajo precario o en «negro», motorizadores de la lucha, dieron argumento a los sindicatos para refutar la prédica oficial de que los piquetes impidieron a muchas personas a cumplir con su derecho a trabajar.

«Hay millones que no lo pueden hacer nunca, debieran preocuparse de ellos; son hipócritas», repitieron unos y otros del campo laboral.

El ministro de economía, José Luis Machinea reiteró que el rumbo actual no será modificado en nada y que el gobierno acelerará, si es necesario por un decreto de necesidad y urgencia, una reforma del sistema previsional que el FMI considera como fundamental, al igual que la aprobación del proyecto de presupuesto y la desregulación de las Obras Sociales que manejan los gremios, para otorgarle a la Argentina un blindaje por más de 20 mil millones de dólares que la protejan de especulaciones financieras y pueda dar garantías a los acreedores de que cumplirá con sus compromisos de la deuda externa.