Privilegios reales

El caso de Linley provocó que diversas organizaciones civiles arreciaran sus críticas contra los privilegios que la Justicia británica otorga a los miembros de la familia real, así como por el financiamiento que el Estado les brinda para su manutención.

Esto se debe a que, a juicio de estas organizaciones, los ingresos de la familia real son «exagerados» y están exentos de todo control y fiscalización.

El Parlamento aprobó para la reina y su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, un sueldo anual de hasta 160 millones de dólares que proporciona el Estado británico.

El pasado 24 de julio el palacio de Buckingham informó que la fortuna de la reina Isabel creció en 23 millones de dólares en el último año gracias a la revalorización de su ducado de Lancaster. Se trata de tierras con una extensión de alrededor de 4.653 hectáreas, en las que se encuentran bienes inmuebles, granjas y comercios que la reina arrienda a particulares.

La reina cuenta con una fortuna personal estimada en 640 millones de dólares.