Incitación a la sedición

Las declaraciones fueron efectuadas el sábado pasado en la celebración de las bodas de oro del municipio de Llallagua, departamento de Potosí, y responden a la escalada de las fuerzas oligárquicas de Bolivia que no sólo aspiran a la separación de sus regiones, sino además a derribar al gobierno legítimo de Evo Morales.

En efecto: el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, lanzó el pasado 28 de noviembre este abierto llamado a la subversión: «Este pueblo no va a tolerar que las Fuerzas Armadas, como lo están haciendo junto a la Policía boliviana, se presten al servilismo de acatar órdenes de gente irresponsable en el manejo de este país. Quiero pedirles a los comandantes de las fuerzas acantonadas en Pando que puedan darle un ejemplo a ese Alto Mando Militar conformado por unos cobardes traidores de esta patria y que le digan desde Pando cuál es el papel que deben jugar las Fuerzas Armadas. Ojalá pudiéramos tener ahí dentro un coronel, un mayor y un oficial que (…) tuvieran los pantalones para decirles a esos malos dirigentes de las Fuerzas Armadas que están echando por tierra todo el prestigio que durante 180 años tuvo la institución militar en nuestro país».

A esta postura subversiva se sumó el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, un militar de antecedentes golpistas que también llamó «a sus camaradas» a asumir una conducta al margen de la Constitución y a «evitar el Alto Mando del sometimiento».

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que «la invitación de Leopoldo Fernández y Reyes Villa para que los mandos subalternos no acaten a los mandos de las Fuerzas Armadas son expresiones abiertas de incitación a la sedición».

Según la Agencia Boliviana de Información, esta actitud fue considerada por el gobierno como subversiva y un atentado contra la Constitución y la estabilidad política, y por ello «ambas autoridades debieran ser procesadas en el marco de las leyes».

Estas actitudes golpistas se suman a los estatutos autonómicos que pretenden imponer los prefectos de Santa Cruz (Rubén Costas), de Pando (Leopoldo Fernández), de Beni (Ernesto Suárez) y de Tarija (Mario Cossío), en contradicción con la Constitución vigente y con la nueva Carta que acaba de ser aprobada por 10 de las 16 fuerzas políticas que conforman la Asamblea Constituyente y que será sometida a referéndum en 2008. Como vimos ayer, los prefectos secesionistas procuran acaparar en sus manos todos los poderes y desconocer al poder central y al gobierno electo por el 54% de los votos. Las declaraciones del viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, revelan que pretenden plenos poderes en materia de propiedad de la tierra, de los hidrocarburos y de la política impositiva. Ahora se revela que en esos estatutos la Corte Suprema de Justicia desaparece, y la que en última instancia define asuntos de Estado en esas regiones es la respectiva Corte Departamental. Con esos propósitos antinacionales, se ha utilizado la violencia por parte de bandas armadas (muertes en Sucre, atentado contra el constituyente Carlos Romero en Santa Cruz) y ahora se apela a la insubordinación militar. El gobierno y las fuerzas democráticas, erguidas en defensa de las libertades públicas y la integridad territorial, han declarado que «no pasarán».

La XXIII Asamblea del Parlatino reunida el 7 de diciembre en Panamá declaró por unanimidad su respaldo al proceso democrático en Bolivia y a su Asamblea Constituyente. Unida a la resolución de la Cumbre de presidentes del Mercosur en Montevideo unos días después, ello expresa la voluntad creciente en América Latina de solidarizarse con el pueblo y el gobierno bolivianos en su brega ahincada por la institucionalidad democrática, contra la subversión.