Grupos DDHH de Brasil apoyan justicia italiana

La justicia italiana dictó unas 140 órdenes de arresto contra personas de varios países sudamericanos que participaron en la Operación Cóndor, que coordinó acciones de represión entre las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980, en base a denuncias de familiares de desaparecidos italianos.

La prensa italiana aseguró que en próximos días deben ser solicitados los procesos de extradición. Los ministerios de Justicia y Exteriores brasileños dijeron no haber recibido ningún comunicado oficial, aunque recordaron que la Constitución impide la extradición de brasileños.

Son 13 los brasileños a los que se culpa de la desaparición en 1980 de los italo-argentinos Horacio Domingo Campiglia y Lorenzo Imael Viñas, dijo a la AFP el abogado brasileño Jair Krischke, que actuó como testigo y asesor del fiscal italiano Giancarlo Capaldo que pidió los arrestos en Roma.

El diario Correio Braziliense publicó el miércoles los nombres de los 13, entre ellos el fallecido ex presidente Joao Baptista Figueiredo. Seis de los acusados están fallecidos y tres en paradero desconocido, según el rotativo. Estos fueron confirmados por Krischke.

El presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB, entidad que agrupa al gremio), Cezar Britto, afirmó que «la justicia italiana ha hecho lo que hace mucho deberíamos haber hecho nosotros».

«El rechazo sistemático del Estado brasileño a pasar a limpio lo que ocurrió en el período de la represión política (del régimen militar de 1964-85), nos expone ahora a la vergüenza de una censura externa ante la que no tenemos defensa moral», añadió. Krischke, abogado y activista de los derechos humanos que denunció el caso en 1980, expresó su esperanza de que «con ese proceso en Roma avancemos un poco más. Están cumpliéndose 27 años y 6 meses de la desaparición (de Campiglia y Viñas), y de una lucha incansable con la esperanza de que un día se haga justicia y se sepa lo que ocurrió en esos años de oscuridad». «Esas órdenes de arresto son una luz al final del túnel, una victoria de nuestra lucha», destacó a la AFP la directora de la ONG de familiares Tortura Nunca Mais, Victoria Grabois, que perdió a su padre, a su hermano y a su esposo durante la dictadura. Pero los activistas lamentan que difícilmente los represores serán penalizados. Ello porque la Constitución no permite la extradición de brasileños. Brasil nunca juzgó a sus represores porque la ley de amnistía de 1979, que permitió a los disidentes políticos retornar al país, los benefició.

 

INFORMACION PARAGUAYA

La Justicia de Italia solicitó a la oficina paraguaya de Interpol informes sobre cinco ex represores locales acusados de haber participado en la denominada «Operación Cóndor», informó ayer a la prensa el titular de la filial policial internacional, Armando Barboza. Uno de los reclamados es el ex ministro del Interior Sabino Montanaro, quien vive asilado en Honduras, el otro es el ex comisario Alberto Cantero, actualmente en prisión, y Rubén Sosa Arrua, de paradero desconocido, dijo el funcionario. Los generales Alejandro Fretes Dávalos y Galo Escobar son los otros ex opresores paraguayos sobre quienes se pidió datos.