Vacío de poder en Perú

Lima, ANSA

Fujimori renunció a menos de cuatro meses de haber asumido un cuestionado tercer mandato y cuando sus propias huestes políticas parecen desintegrarse debido a pugnas internas o desavenencias irreconciliables entre las tres agrupaciones que forman la alianza gubernamental.

La dimisión de Fujimori ha desatado sentimientos encontrados en quienes lo defendieron hasta el último momento previo a su renuncia, pero en la oposición los ánimos son cada vez más exaltados y muchos exigen que el presidente sea sometido a juicio político.

Algunos reclaman ver a Fujimori sentado en el banquillo de los acusados junto a su ex asesor y «socio», Vladimiro Montesinos, en el proyecto que buscaba, según se afirma, perpetuarlo en el poder y dominar la escena política por más de 30 años.

Ese intento fracasó con las revelaciones sobre elevados niveles de corrupción a manos del propio Montesinos, quien dirigía el poder con un sistema de inteligencia y una suerte de organización de crimen organizado que comprometió a políticos, militares y jueces.

El Congreso de la República debe definir si declara vacante la presidencia del Perú por incapacidad moral de Fujimori, o si en el ínterin acepta que el segundo vicepresidente, Ricardo Márquez, continúe al frente del ejecutivo hasta la transferencia al nuevo gobierno el 28 de julio de 2001.

Pero también existe la posibilidad de que el presidente del Congreso, el opositor Valentín Paniagua, podría asumir la presidencia de la república como una forma de solucionar la crisis y dar paso a una suerte de gobierno de consenso y reconciliación nacional.

La oposición ya demandó la conformación de un gobierno de unión, salvación y reconciliación nacional pero, según comentaristas políticos locales, el camino parece sembrado de minas por aquellos integrantes del oculto poder que Montesinos organizó con fines poco claros.

En opinión de muchos analistas el drama de la política peruana se inicia cuando Fujimori decide ir a la segunda reelección mediante una «interpretación auténtica» de la Constitución que el propio mandatario mandó confeccionar tras el autogolpe militar del 5 de abril, cuando disolvió el Parlamento, intervino el poder judicial y se erigió como la cabeza de un régimen de mano dura.

Fujimori ha terminado con su carrera política, por momentos exitosa pero al mismo tiempo cuestionada con severidad por la sistemática violación de la Constitución y las Leyes, y porque definió una alianza con los altos mandos que Montesinos se encargó de adoctrinar por más de diez años.

Una década del régimen de Fujimori culmina ahora en medio de un estrepitoso bloqueo político de la oposición, denuncias de grave corrupción y un desmembramiento de la cúpula militar que protegió al régimen de cualquier intento por desviarlo de la ruta equivocada.

Fujimori, ahora en Tokio, a donde llegó tras un tormentoso periplo que empezó en Brunei, renuncia en medio de una crisis moral, política e institucional que muchos califican como la más grave ocurrida en los últimos años en Perú.

Nadie se atreve a pronosticar si Fujimori retornará al país tras la tormenta desatada por el mismo con su dimisión, pero lo que muchos si parecen estar seguros es que en poco tiempo podría prosperar una demanda política contra el hombre que se jactó de haber derrotado a Sendero Luminoso, el grupo guerrillero considerado como el más poderoso de los últimos tiempos en América Latina.

El futuro político peruano, entonces, se enfrenta a serias dificultades de gobernabilidad en un período que se tendrá que caracterizar por una corta campaña electoral rumbo a los próximos comicios del 8 de abril.