Bolivia tiene una nueva Carta Magna

El reconocimiento constitucional de Sucre como capital de Bolivia resolvió la polémica que amenazó la exitosa redacción de una nueva Carta Magna.

La ancestral demanda regional que enfrentó a los departamentos de Chuquisaca y La Paz por la sede de los poderes estatales fue solucionada con la modificación del artículo seis del flamante texto.

Los sones de la música rompieron el silencio de la puna, donde está enclavado el Centro de Convenciones de la Universidad Técnica de Oruro, donde el foro huyó de la violencia de Sucre, su sede legal, convertida hace dos semanas en un campo de batalla entre oficialistas y opositores cuando se aprobó en primera instancia la nueva Carta, con el saldo de tres civiles muertos.

Ante la sorpresa de todos se habilitó un sencillo salón para una maratónica sesión de más de 15 horas, que se cerró con la entonación del himno patrio, cantado a viva voz y con lágrimas en los ojos por los asambleístas, en su mayoría del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y entre ellos muchos campesinos e indígenas, sustento del presidente Evo Morales.

Su actitud resume el sentimiento de miles de bolivianos, sobre todo de los valles y estribaciones de la cordillera andina, donde el desarrollo aún no ha tocado sus puertas. La propia presidenta de la Asamblea Constituyente, la indígena quechua Silvia Lazarte, no pudo contener sus lágrimas al clausurar la sesión, tras muchas críticas a su condición social y su carencia de formación universitaria.

Lazarte fue la abanderada del presidente izquierdista en la Asamblea Constituyente, para impulsar una reforma legal de corte indígena y estatista y para cumplir el anhelo de justicia, largamente perseguido por las clases sociales más pobres del país.

La política gubernamental y las reformas a la ley fundamental son resistidas por los empresarios y latifundistas de los llanos del este de Bolivia, representados por los gobernadores y comités civiles de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que llevan adelante una huelga de hambre y han convocado a una resistencia civil en contra del gobierno.

Los opositores acusan al jefe de Estado de gobernar sólo para la región andina y no para todo el país y de imponer una nueva Carta Magna sin el consenso de los bolivianos.