La encrucijada Boliviana
El objetivo, dijo, es que la gente decida con su voto la continuidad (o no) de las autoridades y de la visión de país que representan. Este es el camino que propone el mandatario para zanjar la grave confrontación que soporta el país, y que lo tiene virtualmente partido en dos. En su mensaje a la Nación, en la noche del miércoles, el mandatario explicitó: «Les propongo a los nueve prefectos, conservadores y no conservadores, someternos juntos a un referéndum revocatorio, para que el pueblo diga si están o no con el cambio, si están con el modelo neoliberal, con la privatización, con las subastas de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas o no. No hay por que tenerle miedo al pueblo». Los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba convocaron a la resistencia civil, y en algunos casos los comités que les responden organizaron huelgas de hambre, para oponerse al texto constitucional aprobado en general por la Asamblea Constituyente, sin la presencia de la oposición, en un liceo militar de Sucre, en medio de enfrentamientos que ocasionaron tres muertes. También se oponen a la decisión adoptada por el Congreso, con los votos del MAS, de establecer el Bono Dignidad en beneficio de los ancianos sobre la base de las rentas petroleras que pagan las empresas. Estos recursos, que aumentaron considerablemente bajo el actual gobierno, estaban anteriormente destinados a los presupuestos regionales. Las prefecturas arriba señaladas, en manos de opositores al gobierno, han estado promoviendo el tema de la autonomía, en el terreno presupuestal e incluso territorial, lo que equivale a una virtual secesión y a poner fin a la integridad del Estado boliviano. A este tema de ríspida polémica con el poder central se ha agregado, en el caso de Chuquisaca, la demanda de la capitalidad para Sucre en sustitución de La Paz. La Constituyente sesionaba precisamente en Sucre, que es la capital departamental, pero los sectores opositores crearon un clima de violencia, incluso física, que impidió a la Asamblea sesionar, ya que se establecieron cercos que impedían el acceso a la sala de sesiones, lo que provocó choques con los campesinos e indígenas que defienden al gobierno y reclaman que la Constituyente lleve a cabo la misión asignada. Una tercera zona de fricción es el reclamo de que dicha Constituyente se pronuncie por 2/3 de votos, mayoría especial que el MAS no alcanza (aunque supera la mayoría absoluta) y que las otras fuerzas son renuentes a conceder. En vista de que se hizo imposible sesionar en Sucre y que las labores están paralizadas desde el 24 de noviembre, se barajaron varias otras sedes posibles. Finalmente, las autoridades de la Asamblea optaron por reunirse a partir del miércoles 12 en la zona cocalera del Chapare, donde tiene gran fuerza el movimiento afín al presidente, y concretamente en Lauca Ñ, a 550 kilómetros de La Paz. Así lo confirmó la presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte, del MAS, sosteniendo que allí se darán las condiciones para seguir debatiendo el texto presentado por el partido de gobierno y que ya fue aprobado en general (en grande, dicen los bolivianos) en las polémicas y tumultuosas sesiones en Sucre. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia se comprometió a garantizar la seguridad de los constituyentes. Algunos sectores opositores pusieron condiciones, a todas luces inconducentes, para asistir. Lo más probable es que sigan trabajando el MAS y sus aliados, que ya llegaron al acuerdo de que los temas de la reelección presidencial y la extensión de la propiedad de la tierra irán a un referéndum dirimidor, mientras en otros artículos se ha ido avanzando en el consenso. El plazo vence el 14 de diciembre.
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