Alerta en Bolivia y Venezuela

SE DESTACAN en tal sentido el ultimátum de los opositores de cinco de las nueve regiones bolivianas al presidente Evo Morales y los actos de violencia en Venezuela para impedir que se consagre la reforma constitucional emanada de la Asamblea Nacional en el referéndum del próximo 2 de diciembre (fecha que coincide con el 18 brumario del calendario instaurado por la revolución francesa).

 

Secesionismo y  Constituyente  paralizada en Bolivia

La confrontación entre las fuerzas que responden al presidente Evo Morales y las que se alinean tras las gobernadores de los departamentos de la llamada «media luna», encabezados por la oligarquía de Santa Cruz, viene de largo tiempo atrás.

Estos últimos no han ocultado sus propósitos secesionistas, de separarse del estado boliviano y administrar por su cuenta y en su beneficio de los ricos recursos de la región, particularmente en materia de hidrocarburos y de propiedad de la tierra en grandes latifundios. Un plebiscito de carácter nacional rechazó los propósitos separatistas, pero logró mayoría en esos departamentos. Desde entonces los gobernadores y los comités cívicos que conformaron han buscado hacer prevalecer sus intereses por todos los medios, y se movilizaron constantemente contra el gobierno.

Estas acciones desestabilizadoras se expresaron en la ocupación por la fuerza del aeropuerto de Santa Cruz, en atentados contra el consulado venezolano y los domicilios de médicos cubanos que efectúan labores solidarias.

Ahora adquirieron un objetivo concreto: los gobernadores (prefectos) de Santa Cruz, Pando, Beni, la sureña Tarija, a los que se agregó Cochabamba, emitieron un pronunciamiento amenazando con adoptar «medidas de protesta y movilización general» si antes del 15 de noviembre el presidente no deroga un decreto por el cual una parte de los beneficios derivados de la nacionalización de los hidrocarburos se destina a financiar una renta anual del orden de 307 dólares para alrededor de medio millón de personas mayores de 65 años, y no se vierte a las finanzas de los departamentos.

El impuesto, en el marco de la nacionalización dispuesta por el presidente Evo Morales como una de las medidas fundamentales de su gobierno, afecta a la producción y comercialización de los hidrocarburos, y se le dio un destino eminentemente social.

Los prefectos exigieron la abrogación del decreto alegando que «pretende confiscar los recursos regionales» y «caso contrario, asumiremos medidas de protesta extrema y movilización general».

Esto forma parte de su orientación opuesta a la del presidente, en particular en lo referente a la nacionalización de los hidrocarburos y a la intención de expropiar los latifundios improductivos en manos de los ricos terratenientes, sobre todo en el este del país. Esto es lo que está en juego tras el ultimátum.

Y también se refleja en la Asamblea Constituyente. Ésta debe entregar un proyecto de nueva Constitución a mediados de diciembre, y no se ha aprobado un solo artículo. La Constituyente ha sido saboteada por las fuerzas de la oposición, decretando su parálisis desde hace 13 semanas. Allí, los representantes del MAS que responden a Evo Morales son la mayoría absoluta, pero no cuentan con las mayorías especiales que requiere la aprobación de los artículos. El bloqueo ha sido sistemático y permanente. Se convino en reanudar las sesiones, que se efectúan en Sucre, el día viernes, pero decenas de opositores se apostaron en las puertas de ingreso cerrando el paso a los constituyentes. La reunión se frustró. Por añadidura, las fuerzas opositoras agregaron un nuevo reclamo inconsulto: nada menos que trasladar la capital del país, sacarla de La Paz para llevarla a Sucre, en lo que no hubo acuerdo y contribuyó a empantanar aún más la labor de la Constituyente. Todo apunta, como se ve, a crear un clima de desestabilización.

 

Como el golpe de  abril 2002 en Venezuela

La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputada Cilia Flores, dijo en la plenaria del jueves que la oposición está buscando desestabilizar al país y utiliza a ese fin métodos análogos a los que condujeron al golpe de estado de abril de 2002, llamando a una marcha sin retorno al Palacio de Miraflores. Sectores estudiantiles actúan como fuerza de choque en esos preparativos.

Se produjeron varios incidentes en Universidades, atentados a balazos desde fuera de los recintos por bandas de provocadores, como aconteció en la Escuela de Trabajo Social.

Un hecho característico tuvo lugar el mismo jueves. Grupos de estudiantes salieron de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas para presentarse ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y solicitar la postergación del referéndum. Fueron atendidos correctamente y se recepcionó su pedido.

En el trayecto no pasó nada. Pero al regreso a la Universidad, agredieron a un grupo de estudiantes partidarios del SI, que no habían participado en la marcha y estaban confeccionando unas hojas de propaganda a favor de su posición. Vimos por Telesur el testimonio de uno de los estudiantes agredidos, que dijo que les quisieron prender fuego y lincharlos. Oficialmente se registraron ocho estudiantes heridos A esos extremos se está llegando, y los canales como Globovisión les baten el parche, en una campaña permanente y agresiva contra la reforma.

Lo mismo ocurre con los voceros del gobierno de Estados Unidos.

El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack declaró que «es realmente preocupante la atmósfera que se está viendo en Venezuela».

También el economista jefe del BID, Santiago Levy, se permitió formular críticas contra algunas de las 69 modificaciones a la Constitución que incluye el proyecto de reforma a plebiscitarse el 2 de diciembre, en particular el que elimina la autonomía del Banco Central.

 

Un rasgo continental

Lo que acontece con rasgos muy acusados en Bolivia y Venezuela es parte de un fenómeno continental. Se da en la misma medida en que, de sur a norte, las fuerzas conservadoras, los sectores políticos que fueron desalojados del gobierno por la marea ascendente de las fuerzas progresistas y de izquierda, perciben que se les está acabando el tiempo. Está amaneciendo una época nueva, y quieren impedirlo a toda costa.

Procuran evitar que las nuevas fuerzas políticas y sociales que accedieron al gobierno se afiancen y se consoliden, renueven su mandato con el apoyo del pueblo.

Pero, mal que les pese, ésa es la perspectiva inmediata. Y el objetivo es seguir aplicando una política cuyo denominador común es la justicia social, la lucha por la equidad, por disminuir la brecha social en el continente más desigual del planeta.

Y sobre esa base, avizorar nuevos horizontes, de avance hacia un régimen social más justo y humano. *