El segundo golpe de Estado del general Musharraf

BENAZIR BHUTTO, la ex primera ministra que regresó hace tres semanas a Pakistán después de un prolongado exilio, declaró con razón que el «estado de excepción» decretado el sábado 3 por el general Pervez Musharraf equivale a «un segundo golpe de Estado». Aludía al que lo había llevado por primera vez al poder en octubre de 1999, cuando comandaba las operaciones militares en Cachemira, región disputada con la India. Pakistán pasó a ser entonces el primer país con poderío nuclear gobernado por un militar. El año anterior, en mayo de 1998, Pakistán había efectuado ensayos nucleares, también en el curso de su confrontación con la India.

 

Represión en toda la línea

Musharraf suprimió la Constitución y desde el sábado se instaló la represión en toda la línea. Vimos por TV la brutalidad de las agresiones del Ejército contra nutridas manifestaciones de las fuerzas opositoras y de organizaciones de derechos humanos. En un primer saque, no menos de 1.500 personas, en su mayoría dirigentes y militantes de partidos opositores, y también numerosos abogados y magistrados, fueron encarcelados, colocados bajo arresto domiciliario o confinados. Se introdujeron brutales restricciones a la prensa, una verdadera ley mordaza. Una particularidad notable de esta represión es que uno de sus blancos principales fue el Poder Judicial, los magistrados y los abogados. El primer destituido por el decreto que anuló las garantías constitucionales fue el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Iftikhar Mohammed Chaudhry, quien presidía la Corte desde 2005.

La explicación es sencilla: el Tribunal debía pronunciarse en estos días acerca de la validez jurídica de la elección (por sufragio indirecto) del 6 de octubre, que fue fraudulenta por los cuatro costados, pero mediante la cual Musharraf pretende eternizarse, a la vez, en la presidencia y en la comandancia general del Ejército. La oposición, que no ha cesado su intensa movilización un día tras otro junto a amplios sectores de la sociedad civil, señala que Musharraf «intenta aferrase al poder por todos los medios». Este justifica sus medidas draconianas por el recrudecimiento del «terrorismo islamista» (que segó 420 vidas desde julio, y del cual incluso fue blanco Benazir Bhutto, que salvó su vida por milagro) y por «las injerencias judiciales contra la actividad del gobierno»: una auténtica innovación en la teoría del golpe de Estado. De paso, Musharraf suprimió las elecciones legislativas del próximo mes de enero, destinadas a renovar el Parlamento y las asambleas provinciales, que se presentaban con perspectivas auspiciosas para la oposición.

Según los cables, «el hombre fuerte de Pakistán pidió comprensión a sus amigos, entre ellos EEUU, su aliado en la lucha antiterrorista. Pero Washington dijo estar ‘decepcionado’ y advirtió que tendría que ‘reexaminar su ayuda’ bilateral, aunque sin tocar la partida asignada a la lucha contra el terrorismo». Esto de la «decepción» del gobierno de Bush es meramente «pour la galerie». Puro papel pintado.

 

Un hijo putativo de EEUU

Sucede lo mismo que con la famosa frase de Franklin Delano Roosevelt, el cuatro veces presidente de Estados Unidos, referida al primero del clan Somoza: «Es un hijo de puta ( son of a bitch), pero un hijo de puta bien nuestro».

Hay que remontarse a los orígenes. Después de la invasión soviética a Afganistán, en diciembre de 1979, Estados Unidos utilizó el territorio pakistaní para abastecer de armas a los mujaidines, los grupos rebeldes que luchaban contra la ocupación. Esta circunstancia convirtió a Pakistán en un aliado privilegiado para la política de EEUU en la región, lo que derivó en la consiguiente ayuda económica, hasta que el gobierno de los talibanes se instaló en Kabul. Después del ya referido golpe de Estado de octubre de 1999 (que derivó en el exilio del primer ministro Nawaz Sharif en Arabia Saudita), Musharraf asumió la jefatura del Estado y se hizo nombrar presidente de Pakistán en junio de 2001, conservando el comando del estado mayor del Ejército. En octubre del mismo año anunció que mantendría indefinidamente la jefatura máxima del Ejército. Ahora el Tribunal Supremo de Justicia debía dictaminar precisamente la compatibilidad de ambos cargos, que pretende prolongar sin límites.

La situación pegó un vuelco después de los atentados del 11 de setiembre de 2001, porque EEUU invadió Afganistán y mantiene allí sus tropas de ocupación, luchando contra los talibanes y contra la organización terrorista Al Qaeda, de Osama bin Laden, allí instalada. Ese régimen talibán había sido apoyado en toda forma por Pakistán, y ahora se transformaba en su enemigo. Los cables refieren que «el Ejército pakistaní combate una insurrección de islamistas próximos a los talibanes y Al Qaeda en las zonas fronterizas con Afganistán, que se está propagando hacia el noroeste». Esta es la causa de la tensa situación interna, de los choques y de los atentados mortíferos, circunstancia que Musharraf pretende aprovechar a su favor. Sin olvidar que en abril de 2002 logró prorrogar por cinco años mediante un referéndum fraudulento (que le adjudicó 97% de votos) el mandato que había obtenido por su primer golpe de Estado.

En marzo de 2004 el gobierno de EEUU declaró que Pakistán era, fuera de la OTAN, su mayor aliado en la lucha antiterrorista, gracias a las acciones contra Al Qaeda en la frontera con Afganistán. Ese es el factor que está gravitando ahora.

 

Tres focos incendiarios

La aguda situación represiva, con el Ejército en la calle, se suma a las amenazas latentes de ataques de EEUU e Israel contra Irán, y de agresiones del Ejército turco (que podría contar con la colaboración del Pentágono) contra los kurdos y el PKK en el norte de Irak. La situación es explosiva en toda la región. *