Aylwin confía en Pinochet
Santiago, AFP, ANSA
El homicidio figuró en planes de acción de la policía secreta de la dictadura (Dina/CNI) cuando la opositora centro izquierdista Concertación de Partidos por la Democracia levantó la candidatura de Aylwin para los comicios presidenciales de 1989, al año siguiente del plebiscito nacional que rechazó prolongar el régimen pinochetista.
Según la documentacion estadounidense, publicada el lunes en Washington, un atentado contra Aylwin fue propuesto por el jefe de operaciones de la CNI, el entonces mayor de Ejército Alvaro Corbalán, y «un grupo de amigos de la familia Pinochet».
Corbalán fue condenado este mes a cadena perpetua por las cortes chilenas por su autoría en los asesinatos del sindicalista Tucapel Jiménez (1982) y el obrero cesante Juan Alegría (1983), a quien se quiso hacer aparecer como ejecutor del dirigente gremial.
El ex oficial arriesga una pena similar en el proceso que se le sigue por las muertes a bala de 12 militantes izquierdistas en una sucesión de emboscadas y encerronas de opositores en 1987, en represalia por un frustrado atentado contra Pinochet un año antes.
La desclasificación estadounidense de archivos incluyó 16 mil documentos en poder de la CIA, el FBI y los departamentos de Estado, de Justicia y de Defensa, sobre el período previo al derrocamiento en 1973 del mandatario socialista Salvador Allende, golpe de Estado que instaló a Pinochet en el poder y la administracion militar de casi 17 años que acabó en 1990.
Diez años después, Pinochet, ex jefe del Ejercito, actual senador, encara en Santiago casi 180 querelllas criminales por las violaciones a los derechos humanos y los abusos bajo su régimen.
Pinochet, 84 años, fue despojado de su fuero parlamentario en agosto pasado, para que responda por sus responsabilidades en la misión de la llamada «caravana de la muerte», una tropa que ejecutó o hizo desaparecer a 74 presos políticos en 1973, semanas después del golpe.
Varios de los documentos oficiales entregados por el Gobierno de EEUU detallan programas propios para provocar la caída de Allende, incluidos financiamientos de partidos políticos, grupos de choque y medios de prensa contrarios al gobierno socialista.
Sobre la represión durante el régimen de Pinochet, los textos revelan pormenores de la «Operación Condor», un plan de iniciativa chilena que coordinó a las policías secretas y las fuerzas armadas del país, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil para eliminar a militantes de izquierdas.
Los disidentes asesinados durante las dictaduras castrenses en esos países, desde la década de los 70, sumaron 90.000, según la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en América Latina.
Cuando Pinochet, cercado por masivas protestas populares, llamó a plebiscito en 1988, con la esperanza de obtener apoyo popular y extender su gestión por 8 años, su plan para el día de la jornada en las urnas tenía tres puntos, señaló un informe secreto que el embajador estadounidense en Santiago, Harry Barnes, envió al Departamento de Estado.
Estaría «todo bien» si ganaba el pinochetismo pero se desataría una ola de denuncias sobre fraude si tomaba ventaja la opción de la opositora Concertación de Partidos por la Democracia, dominada por socialistas y los democratacristianos de Aylwin.
Si triunfaba finalmente la oposición, la idea de Pinochet «era usar la violencia y el terror para detener el proceso», escribió Barnes.
«Para ayudar a preparar el ambiente, la Central Nacional de Informaciones (CNI) tendrá la tarea de promover violencia antes y durante el 5 de octubre (la fecha del referendo)», advirtió el diplomático en su informe, enviado a Washington tres días antes de los comicios.
En setiembre de este año, evocando los resultados adversos del plebiscito, el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea chilena y miembro de la Junta de Gobierno, Fernando Matthei, aseguró que Pinochet pretendió desconocer la victoria opositora y quiso sacar tropas a las calles para clausurar la consulta en las urnas.
Matthei precisó que se negaron a firmar el decreto que Pinochet tenía preparado.
El gobierno de Santiago estimó ayer que los datos derivados de la desclasificación de documentos secretos sobre Chile por parte de Washington indican una «injerencia indebida norteamericana en el proceso político chileno».
El ministro secretario general de gobierno, Claudio Huepe, dijo que el análisis de la Cancillería de los datos requerirá al menos de 2 semanas para establecer un informe detallado. Se trata, detalló, de 16 mil documentos que comprenden el período 1978-1991.
A su vez, el vicepresidente, José Miguel Insulza, dijo que los documentos confirman la actuación de Estados Unidos en un período «muy confuso» de la historia del país aunque desestimó que esos informes estén destinados a producir algún tipo de «revisiones históricas respecto de lo que ya es conocido».
Admitió, no obstante, que sus contenidos son bastante fuertes, en especial la posibilidad de un atentado contra un presidente en los 90 (Patricio Aylwin) «pero –dijo– en general, no dicen nada nuevo sobre lo que efectivamente pasó en Chile, cosa que muchos venimos denunciando de los años 70″.
Aylwin sostuvo ayer que de ser cierta la información respecto de un plan para atentar en su contra, está seguro que «Pinochet ni siquiera estuvo informado».
Recordó no obstante que pasó varios «sustos» durante la campaña presidencial que lo llevó al poder en marzo de 1990, y que puso fin a 16 años y medio de dictadura de Pinochet.
Mencionó el pequeño avión Cessna que lo trasladaba en una ocasión debió regresar de urgencia porque el tanque de aceite inexplicablamente sin tapa empezó a chorrear.
En otra oportunidad se encontraron con «miguelitos» (clavos) en la carretera que fueron esquivados por el conductor.
Respecto de la información contenida en la desclasificación que señala que el ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Alvaro Corbalán, preparaba un atentado en su contra dijo no saber nada, pero exculpó a Pinochet.
«Yo soy un convencido de que el general Pinochet pensó que su venganza iba a ser al cabo de cuatro años de gobierno de la Concertación, que él creía iba a ser un fracaso, iba a volver en gloria y majestad a la presidencia de la República elegido por el pueblo», señaló Aylwin.
«En consecuencia no creo que él haya estado en la estrategia de atentado o cualquier otra cosa así», precisó.
Asimismo, el político demócrata cristiano descartó que su partido hubiese recibido dinero de la CIA, aunque no rechazó que algunos miembros de la agrupación que participaron activamente en el golpe militar de 1973 sí lo hayan recibido.
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