Bolivianos queman unos veinte bares y prostíbulos

Los vecinos de El Alto, ciudad de unos 800 mil habitantes, lanzaron nuevamente piedras contra locales públicos, mientras alumnos de establecimientos educativos manifestaron por el cierre de al menos 300 de esos centros de diversión que, según denuncias diversas, toleran a menores de edad.

Dirigentes vecinales de El Alto acusaron a la alcaldía de esa ciudad de no hacer respetar el reglamento de bares, cantinas y casas de lenocinio que fija las distancias a las que deben ubicarse respecto de escuelas, iglesias y hospitales.

Los vecinos de El Alto protagonizaron en octubre de 2003 una rebelión popular contra una eventual exportación de gas a Estados Unidos utilizando puertos chilenos, que provocaron la renuncia del presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada y cobraron un saldo de más de 60 personas y unos 400 heridos.

También las protestas de los vecinos de la combativa ciudad de El Alto provocaron en 2005 la expulsión del país de la empresa Aguas del Illimani, gerentada por la francesa Lyonnese.

Varias decenas de iracundos vecinos de la ciudad boliviana de El Alto, colindante de La Paz, destruyeron y quemaron el martes las instalaciones de más de veinte cantinas y prostíbulos, a los que calificaron de «antros de perdición», confirmó la policía.

Organizaciones vecinales se movilizaron desde la noche del lunes en diversos lugares de El Alto y quemaron mobiliario, destruyeron equipos de sonido y muebles menaje, además de botellas de licor. La violencia había afectado inicialmente a media docena de estos locales, pero nuevos reportes de la policía elevaron la cifra a más de veinte.

La turba estuvo compuesta por grupos de vecinos, principalmente mujeres de diferentes edades.

Los enseres fueron apilados en las calles y quemados, ante la impotente mirada de la policía que no pudo impedir la violencia.

Una dirigenta de las prostitutas, Ely, condenó las acciones de los vecinos, puesto que afectan sus ingresos económicos para el sustento de sus hijos, por el que amenazaron con marchar desnudas hacia la sede de Gobierno si no se les restituye sus fuentes de trabajo, reportó la agencia estatal de noticias ABI.

«Vamos a iniciar un juicio contra la Federación de Juntas Vecinales, nosotras cumplimos con todas las normas legales, tenemos hijos que mantener. Esto que han hecho no tiene nombre», declaró Ely.

El comandante de la policía de El Alto, coronel Oscar Nina, dijo que «estamos controlando para que no hayan más destrozos ni personas lesionadas».

El funcionamiento de estos locales depende de los municipios.

«Aquí vienen a perderse nuestros hijos, aquí hay violaciones de mujeres, asesinatos», dijo una mujer indígena aymara no identificada, de unos 50 años, entrevistada por la red de televisión ATB.

Los vecinos consideran que los bares y lupanares, en su mayoría sin licencia de funcionamiento, se han convertido en «centros de perdición», porque cobijan sin ningún control a adolescentes y jóvenes menores de edad.

En tanto, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Marcos Farfán, dijo que el gobierno antes de apelar a la fuerza de la Policía agotará las instancias del diálogo para evitar nuevas protestas de los enfurecidos vecinos.

«Exhortamos al alcalde municipal (de El Alto, Fanor Nava) y a su Concejo para que dicten ordenanzas y normas legales para que estos negocios sean trasladados a un lugar que no esté al alcance de los niños», dijo Farfán.

El presidente del Concejo municipal de El Alto, Gustavo Morales, sostuvo por su lado que actualmente en esa ciudad existen 358 negocios de diversión reglamentados. Sin embargo aseguró que esa cifra no es exacta, debido a la apertura de otros centros clandestinos ilegales.

«Estamos intentando que estos negocios ilegales se trasladen a 500 metros de distancia de los centros educativos, de salud y culturales. Con el nuevo reglamento se pretende sancionar duramente a los lugares donde se descubra la presencia de menores», dijo Morales. *