Polémica por asilo político

Algunos de los diarios británicos hablan de «laxismo», otros de «derechos humanos», pero nadie se sorprendió ayer de que el pacífico desenlace de la toma de rehenes hubiera terminado la víspera con 74 solicitudes de asilo de las 165 personas que se encontraban a bordo del avión desviado el lunes al aeropuerto londinense de Stansted.

«El avión sobrevoló numerosos países antes de llegar aquí. Pero ninguno es tan laxista (como el Reino Unido) para la gente que busca una vida mejor», denuncia el diario sensacionalista The Sun, el más leído de los cotidianos británicos.

Por su parte, el Daily Telegraph (conservador) senala que Gran Bretana no es una «tierra de asilo», sino un país «que cumple con las obligaciones del derecho internacional mejor que muchos otros».

Para numerosos periódicos, no cabe duda de que los piratas del aire, probablemente con ayuda de una parte de los pasajeros, organizaron la toma de rehenes con la única finalidad de viajar a Gran Bretana, considerada como El Dorado de los refugiados, para pedir el asilo político. Y ninguno de estos diarios hace caso de las declaraciones del ministro del Interior, quien expresó claramente que deseaba la partida rápida de todos los pasajeros.

Solicitudes

Straw declaró que se ocuparía personalmente de los expedientes de los que solicitaran el asilo para tratarlos rápidamente.

Según el Times, piensa hacerlo en sólo dos semanas.

Muchos de los editorialistas explican que la legislación vigente permitirá que los pasajeros permanezcan muchos meses en Gran Bretana.

«La severidad de las afirmaciones de Straw oculta el hecho de que de todas formas se actuará en el respeto de la Convención de Ginebra de 1951 sobre los refugiados y que el sistema de apelaciones puede demorar su partida durante mucho tiempo», senala el Times.

«Con la naturaleza del régimen de Kabul, hay pocas probabilidades de que Gran Bretana envíe a alguien que corra el riesgo de caer ante una justicia islámica sumaria», sostiene el Daily Telegraph. Luego, este diario pide al gobierno que los criterios que permiten acordar el estatuto de refugiado sean más severos.