Un operativo contra la extradición de Cavallo

Por Isidoro Gilbert

Solicitó al gobierno argentino que lo extradite para ser juzgado por los mismos delitos (desaparición de personas, homicidio y torturas) que le imputan en Madrid. La presentación fue efectuada en el Departamento de Seguridad de Estado de la Policía Federal y en el juzgado federal a cargo de Adolfo Bagnasco, por el doctor José Licinio Scelzi, representante legal de Cavallo en la Argentina.

Como primer paso, se requerirá al juez mexicano Jesús Guadalupe Luna Altamirano, que suspenda temporalmente la definición de conceder o no la extradición a España de Cavallo. El magistrado debería tomar una decisión sobre el requerimiento español entre el 14 y el 18 de este mes.

Cavallo está acusado de haber ejecutado a Mónica Jáuregui y Elbia Delia Anaya y de haber torturado a Thelma Jara de Cabezas, entre enero de 1979 y enero de 1980, período en el cual con el grado de teniente de fragata tuvo responsabilidades en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El abogado de Cavallo reclama que sea devuelto a la Argentina para que sea juzgada su responsabilidad en los hechos que le imputa Garzón. ¿Cuáles son los argumentos? Que a esos delitos y el de genocidio sólo corresponden dos ámbitos de juzgamiento: el magistrado del lugar donde se cometió el delito –en este caso la Capital Federal, donde está ubicada la ESMA– o la Corte Penal Internacional. Esta fue creada en Roma en 1998, pero aún no funciona, ya que requiere la ratificación de 60 estados y sólo lo han hecho cerca de diez.

Atajos

En la argumentación, Scelzi en nombre de Cavallo advierte que la extradición a España del marino retirado atentaría contra el principio de defensa contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

El abogado Scelzi se presentó ayer en el juzgado de Bagnasco para ratificar su escrito.

A partir de allí, el magistrado deberá remitir el expediente al fiscal Paulo Starc, quien definirá si corresponde hacer lugar al pedido de Cavallo y abrir una causa para determinar la responsabilidad que pudo haber tenido el marino retirado en la muerte de Jáuregui y de Anaya y en las torturas aplicadas a Jara de Cabezas. ¿Qué hará el Poder Ejecutivo, que también deberá analizar, desde una óptica política y no técnica, si cabe atender la cuestión?

Las pistas la da el letrado del represor al recordar que cuando se aprobaron las leyes de punto final y obediencia debida, en el contexto de los difíciles tiempos de los «carapintadas» el entonces senador nacional Fernando de la Rúa, vocero del bloque oficialista de la Unión Cívica Radical, explicó: «No estamos declarando la impunidad del hecho, sino señalando dónde está el verdadero responsable», es decir el principio de «obediencia debida»

El juez Bagnasco tiene en sus manos casos graves de violaciones a los derechos humanos como el robo de bebés en cautiverio, por el que tiene detenidos a los mayores jerarcas de la dictadura y acaba de pedir la extradición de Augusto Pinochet.

Oficialmente, el gobierno nacional defiende el principio de la territorialidad, concepto que reiterará pensando en que en última instancia es en México donde se debe definir el caso.

Un mes atrás se denunció la existencia de otra maniobra para evitar que Cavallo sea llevado a la Audiencia de Madrid y ser juzgado.

Entonces los abogados del represor conocido como «Sérpico» sondearon al juez federal Gustavo Literas, que tiene a su cargo un expediente por la desaparición de un letrado, Conrado Gómez, caso que está en sus manos, para que fuera él quien solicitara la extradición del represor.

El juez rechazó la insinuación luego que las entidades defensoras de derechos humanos esclarecieran sobre la maniobra. Por uno u otro lado, por ahora, se busca que los crímenes de Cavallo queden impunes.