Golpe al ex dictador Augusto Pinochet

Por Víctor Vaccaro

Su defensa, que hace malabares para encontrar algún rasgo positivo que amortigüe los sucesivos contrastes judiciales experimentados últimamente por el anciano ex dictador, pretende hacer creer que esa decisión del juez Luis Correa Bulo significaría no haber dado lugar al requerimiento de detención preventiva incluido en el pedido de extradición. Lo cierto es que dicha medida sólo quedó en suspenso a la espera que la Justicia argentina corrija un vicio formal al no haber adjuntado a la demanda una copia legalizada de la orden de detención librada en ese país contra los imputados.

El ministro Correa Bulo preside la Segunda Sala especializada en temas penales de la Corte Suprema y ha sido uno de los impulsores principales de la jurisprudencia según la cual las desapariciones de detenidos son delitos de lesa humanidad imprescriptibles e inamnistiables, tesis que ha permitido los avances registrados en las investigaciones de los crímenes más atroces cometidos por la dictadura militar.

Contra este magistrado la derecha política intentó recientemente una acusación constitucional atribuyéndole «grave abandono de sus deberes» y abuso de influencias a favor de acusados en casos de narcotráfico, presentando estos cargos ante la Comisión de Control Etico del Poder Judicial. Al mismo tiempo, la defensa de Pinochet trató de evitar que Correa Bulo se hiciera cargo del juicio por la extradición a Argentina como le correspondió por turno, pero el Pleno del Supremo Tribunal ratificó unánimemente su nominación.

Tal decisión fue acogida por el afectado como un respaldo de sus pares ante el sistemático cuestionamiento del pinochetismo, y ante los «ataques pequeños » de que ha sido objeto, aunque afirmó que «actuará sin prejuicios, con celo y prudencia en esta causa». En todo caso, de dictarse orden de detención contra Pinochet, éste seguramente quedaría confinando en su propio domicilio o en el Hospital Militar.

En medio de este clima negativo para su cliente, los abogados del ex dictador recibieron con alivio y como un buen augurio el fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema que rechazó la petición de extradición del general (r) Raúl Iturriaga Neuman solicitada por la Justicia italiana que lo condenó a 18 años de prisión en relación con el atentado en Roma contra el ex vicepresidente de la República Bernardo Leighton, denegando también la posibilidad de que fuera procesado en Chile, como propuso el fiscal judicial Enrique Paillas.