La CGT le prepara un paro activo a De la Rúa
El gobierno de Fernando de la Rúa deberá enfrentar el próximo 24 de febrero la primera demostración de descontento de la CGT por el trámite avanzado en el Parlamento de una nueva Ley Laboral que para la dirigencia gremial tiende a desmejorar las condiciones de vida y los salarios.
La medida de la CGT –cese de tareas a las 14 horas del 24 próximo y concentración en la Plaza de Mayo, frente al despacho presidencial– fue la respuesta a la firma en la Comisión de Trabajo de la Cámara baja, del proyecto de ley Laboral que ha sido respaldado por la Alianza pero también por numerosos diputados justicialistas que no tienen origen sindical.
La norma, según el gobierno, permitirá alentar a las Pequenas y Medianas Empresas (Pymes) a acrecentar sus planteles, al dar un plazo mínimo de prueba por tres meses antes de incluirlo en la planta definitiva, para lo cual recibirán estímulos como desgravaciones impositivas y otros premios.
Muchos sindicatos de la CGT tienen en sus convenios períodos de prueba muchos más extensos y sin que el trabajador sea beneficiado por la seguridad social, como se proyecta ahora. De todos modos, el corazón del descontento del viejo liderazgo gremial, es que la futura ley descentraliza los convenios colectivos de trabajo, alentando que las negociaciones se hagan desde las empresas o zonas, con escasa preponderancia del sindicato nacional que en perspectiva se iría debilitando.
La descentralización es apoyada por un ala disidente del sindicalismo, la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), pero reclama que a los delegados de empresa se le den los mismos fueros que a los sindicalistas nacionales, que sean elegidos democráticamente, den cuenta de las negociaciones a las bases, y sean los trabajadores los que decidan el mejor ámbito para negociar.
La CTA, que creció como expresión antimenemista, tiene muchos nexos con sectores de la Alianza, particularmente con el Frepaso. Pero está disconforme también con el proyecto y analizará qué posición adoptará frente a la protesta de la CGT. Otro sector antimenemista, el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), al calor de este debate, retornó a la CGT y uno de sus líderes, el camionero Hugo Moyano, ha sido proclamado futuro secretario general de esa central.
Muchas dudas
El aspecto más discutido de la ley está vinculado al futuro de los convenios marcos. Actualmente rigen los de 1975, pero aunque las relaciones obrero-empresariales han variado radicalmente, continúa siendo un piso para las negociaciones. El proyecto marca que en dos anos, si no hay otro convenio que lo reemplace, aquellos de 1975 habrán caducado, con el peligro de que los empresarios intenten bajar los salarios.
La Alianza sostiene que no será así, que habrá un arbitraje obligatorio y que el Ministerio de Trabajo jugará a favor de los obreros. Tanto radicales como frepasistas coinciden en subrayar que la oposición del liderazgo sindical se debe a que perderán poder económico al no recibir, como en el pasado, un porcentaje de los eventuales aumentos salariales, fondos que permite mantener una gran burocracia y actividades del peronismo.
La Ley Laboral ha sido un viejo reclamo del FMI y su solo anuncio que podría ser aprobada, permitió a las calificadoras internacionales de crédito mejorar la nota para la Argentina con la perspectiva de poder acceder a créditos a menores tasas que las actuales.
El gobierno aspira que la ley y sus alicientes impositivos permitan que las empresas «blanqueen» a su personal en «negro». Se estima que más del 40% del plantel permanente esta en esa situación y que un 70% de los asalariados están sujetos a la precariedad laboral o el desempleo.
La demostración de fuerza parece alentada además por la lucha por el poder de la CGT y para definir qué línea predominará en el dividido peronismo frente a la Alianza. Los gobernadores peronistas, los de las grandes provincias especialmente, necesitan mantener una buena relación con Fernando de la Rúa.
Prueba de ello la dio el bonaerense Carlos Ruckauf, que recibió al Presidente con grandes gestos en La Plata, el jueves, pero no pudo lograr todo el respaldo que quería para hacer aprobar en la legislatura una reforma al Código de Procedimientos, que da mayores poderes a la Policía, un objetivo del gobernador que fue ayer rechazado.-
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