Conmoción en Perú

La decisión de extraditar a Perú a Alberto Fujimori provocó ayer la satisfacción del gobierno peruano que le aseguró un juicio justo, alegría de los defensores de los derechos humanos y decepción entre partidarios del ex presidente que pidieron garantías para su vida.

«Hoy es un día histórico en Perú; hemos esperado quince años en busca de justicia», dijo entre sollozos Gisella Ortiz, quien perdió a su hermano en julio de 1992 en la matanza de la Universidad La Cantuta en que fueron asesinados nueve estudiantes y un catedrático con disparos en la cabeza.

«Tenemos alegría porque se empieza a entender la gravedad de los crímenes que se cometieron en la dictadura de Fujimori, pero tristeza porque duele que nuestros familiares no estén con nosotros», dijo Ortiz a la AFP.

En el lado opuesto, la congresista Keiko Fujimori, hija del ex gobernante, convocó a los partidarios de su padre a movilizarse y acudir al aeropuerto de Lima «para darle la bienvenida».

«Hago un llamado a los fujimoristas para movilizarnos; estaremos atentos para ir a recibirlo como él se merece, más unidos que nunca y vamos a demostrar que es inocente de los cargos de que se le acusa», dijo en rueda de prensa.

La legisladora anotó que espera que el ex gobernante sea procesado en libertad y con orden de comparecencia, sin necesidad de ser confinado en una cárcel, a la vez que añadió que los fujimoristas no permitirán «ningún tipo de circo, ni show mediático con el juicio».

A nivel del gobierno, el canciller José García Belaúnde y el primer ministro Jorge del Castillo ofrecieron todas las seguridades para un proceso justo.

«El siguiente paso es traerlo a Lima y dar las garantías para un proceso debido», dijo el jefe de la diplomacia peruana al puntualizar que «las cosas salieron como habíamos planeado en el sentido de que la Justicia chilena iba a hacer su trabajo con responsabilidad, seriedad, independencia».

Francisco Távara, presidente de la Corte Suprema de Justicia, corroboró esa versión, asegurando que los defensores legales ni los simpatizantes del ex presidente deben desconfiar de la correcta labor de los magistrados que tengan a su cargo el juicio.

El magistrado estimó que la repatriación aprobada en Chile demostró que los documentos que se enviaron a Santiago con indicios razonables de comisión de delitos estaban «correctamente elaborados».

El primer ministro, Jorge del Castillo, aseveró que con Fujimori en Lima «no habrá maltrato ni actitudes condescendientes; simplemente ser justos en lo que corresponde, con equidad y justicia, sin apasionamientos», descartando versiones sobre «persecución política».

«La democracia demostrará que es superior moralmente a la dictadura cuando se realice el proceso», enfatizó aludiendo a la década de gobierno autoritario de Fujimori (1990-2000).

En el lado del fujimorismo, su vocero en Lima, el congresista Carlos Raffo, pidió al gobierno preservar la vida y la integridad física del ex mandatario.

«Nosotros no estamos dispuestos a aceptar ningún tipo de maltrato. Alberto Fujimori fue un presidente y debe ser tratado como tal», puntualizó Raffo, quien dijo que el ex jefe de Estado «va a colaborar totalmente para que se ejecute todo lo que se tenga que ejecutar».

El hermano del ex presidente, el legislador Santiago Fujimori, dijo que «no hay nada que lamentar» en la decisión de los jueces chilenos porque su hermano estaba consciente de que su repatriación era uno de los escenarios posibles.

«Esperemos que el Poder Judicial peruano esté a la altura de las circunstancias y respete el debido proceso», manifestó, a la vez que estimó que la extradición de Fujimori no significará la extinción de su movimiento político.