Exámenes y detenciones

Por Víctor Vaccaro

Convencidos de que esta situación podría volverse contra su cliente, quien sólo ayer salió del hospital y convalece en su casa a la espera de los exámenes mentales y neurológicos ordenados por el juez Juan Guzmán, la defensa de Pinochet está desplegando fuertes presiones para lograr que el presidente subrogante de la Corte Suprema, Osvaldo Fagúndez, someta al Pleno la designación del magistrado que se haga cargo del proceso por extradición.

Quien resulte finalmente encargado del caso, tendrá que resolver primero si dispone o no la detención del ex dictador y otros cuatro generales en retiro y dos civiles implicados en la organización del atentado a Prats y su esposa el 30 de setiembre de 1974 en Buenos Aires, tal como lo pidió el tribunal argentino a cargo del proceso.

Según la abogada querellante Pamela Pereira, en el caso de Pinochet la detención –en este caso en su domicilio o una clínica– debiera cumplirse sin demora, porque ya el senador vitalicio fue despojado del fuero para enfrentar el juicio por los desaparecimientos y ejecuciones realizadas por la «caravana de la muerte» y no se requiere renovar ese trámite.

En cambio el defensor Ricardo Rivadeneira considera que la detención sería improcedente por tratarse de un ex presidente y que en todo caso se necesitaría un nuevo antejuicio de desafuero en la misma Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, reconoció que el desafuero de Pinochet –mientras se le juzga– tiene efectos generales para esa Cámara, puesto que implica la pérdida de su inmunidad parlamentaria, y la prohibición de votar e ingresar a la sala.

Respecto a los generales (retirados) Manuel Contreras (que cumple condena por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier), Raúl Iturriaga Neumann, Pedro Espinoza y José Zara la orden de detención implícita en el pedido de extradición debiera cumplirse sin demora. «Ellos y los civiles Jorge Iturriaga Neuman y Mariana Callejas (ex esposa del asesino confeso Michael Townley) no tienen fuero, por lo que debe ordenarse de inmediato su captura, una vez que se designe el ministro instructor», puntualizó la abogada Pereira.

Dando luces sobre la estrategia de la defensa, el abogado Fernando Barros afirmó hoy que Pinochet «se la jugó de una manera muy decisiva para permitir la salida del general Prats de Chile el 15 de setiembre de 1973″ con lo que «le salvó la vida al general Prats en un momento en que tenía una fuerte presión de oficiales que le exigían que lo sometiera a proceso en Chile bajo diversos cargos bastante graves».

Pinochet, entretanto, cumple en su casa el segundo día de «reposo absoluto» resuelto por los médicos militares que lo trataron de una neumonía durante nueve días. Ahora sus abogados tratan de dilatar la realización, por parte de profesionales del Instituto Médico Legal, de los exámenes mentales y neurológicos dispuestos el juez Juan Guzmán. Alegaron ante éste que al ex gobernante hay que hacerle los exámenes psiquiátricos y neurológicos –que tendrán lugar en el Hospital Militar– «cuando esté al menos en un relativo estado de normalidad».

Al ex dictador le llueve sobre mojado. Cada vez un mayor número de sus subalternos están siendo procesados por distintos crímenes cometidos después de la amnistía de 1978. Alegan ahora que actuaron cumpliendo órdenes superiores. El último en recurrir a esta salida es el tristemente célebre jefe operativo de la CNI, mayor (r) Alvaro Corbalán –con una condena a perpetua pendiente por el asesinato del pintor Juan Alegría Mundaca– quien se hizo responsable de la «operación Albania» que encubrió el asesinato de 12 activistas del grupo armado «Frente Manuel Rodríguez», ocurrida entre el 15 y 16 de junio de 1987.

El abogado de Corbalán, Juan Manuel Lezaeta, reconoció ayer que su cliente «asume su responsabilidad en lo que se logre establecer en el proceso» y «admite que él dio órdenes en el operativo» aunque «su papel se limitó a transmitir decisiones que habían sido tomadas por otras personas».