Bolivia: familias de víctimas piden justicia

«Celebramos esta resolución», afirmó el abogado del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades, Rogelio Mayta, mientras que el presidente de la asociación de víctimas y heridos, Juan Patricio Quispe, señaló que «es hora de que hallemos justicia».

Mayta y Quispe dijeron por separado a la AFP que si bien se ha dado un paso en el enjuiciamiento del ex mandatario, el proceso ha sido «una tortura» y «un calvario» para los familiares de los más de 60 muertos y medio millar de heridos por la represión ejercida por Sánchez de Lozada en octubre de 2003. No descartaron que Estados Unidos pueda dilatar el trámite de extradición, porque -opinaron- ese país protege al ex presidente boliviano, educado en tierras norteamericanas y cercano a Washington.

Sánchez de Lozada es acusado por organizaciones de derechos humanos en el máximo tribunal de justicia de genocidio, homicidio, daños económicos al Estado y violaciones a la libertad de prensa.

El ex mandatario fue derrocado por un levantamiento popular en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, por la oposición de sus pobladores a la exportación de gas natural a Estados Unidos, usando a puertos chilenos como puntos de embarque en navíos metaneros.

El día de su caída, Sánchez de Lozada, uno de los empresarios mineros más poderosos de Bolivia, se autoexilió en Washington, junto a sus dos estrechos colaboradores, los ex ministros de Defensa Carlos Sánchez y de Hidrocarburos Jorge Berindoague, y la dimisión apaciguó la violencia que se perfilaba incontrolable. Familiares del ex jefe de Estado, filósofo de profesión y un convencido liberal, afirmaron que el juicio en Bolivia es político y no jurídico y que, por ello, se están cometiendo vicios procesales y violaciones judiciales.

«Es una persecución política», afirmó Mauricio Balcázar, yerno y asesor comunicacional de Sánchez de Lozada, quien pidió que los que calificó de instigadores de la violencia social de 2003 también sean investigados, como el presidente «Evo Morales (el viceministro), Sacha Llorenti, y (el ex asesor peruano) Wálter Chávez».

Según la defensa del ex mandatario, esas personas que hoy están en el gobierno en 2003 promocionaron las manifestaciones que provocaron la renuncia. *