Corte brasileña enjuiciará a 40 políticos por corrupción

El Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que los 40 incriminados por la Procuraduría ameritan ser juzgados.

Entre los inculpados hay tres ex ministros, la que fue la cúpula del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), aliados, diputados en ejercicio, publicistas y hasta banqueros.

La nota fuerte de las deliberaciones -conducidas por el juez relator Joaquim Barbosa con estructura digna de novela de suspenso- fue la decisión de enjuiciar al que fue el hombre más poderoso del gobierno Lula, el ex ministro Dirceu, acusado por la Procuraduría de ser el jefe de la operación.

Dirceu responderá a las acusaciones de «corrupción activa» y «formación de banda». Por las mismas causas responderán también el ex presidente del PT José Genoino y el ex tesorero Delubio Soares, en tanto que el ex secretario general Silvio Pereira deberá responder sólo por formación de banda.

Entre los inculpados hay 12 ex líderes de cuatro partidos aliados al gobierno, acusados de recibir los millonarios pagos a través de cuentas bancarias del publicista Marcos Valerio, quien también será juzgado por varios delitos.

Según las denuncias, el dinero garantizaba apoyo a las iniciativas del gobierno en el Parlamento y financiaba campañas electorales.

También responderá a proceso el ex diputado aliado de Lula Roberto Jefferson, quien destapó el escándalo al denunciar en junio de 2005 que diputados aliados del gobierno recibían sobornos mensuales.

Investigaciones parlamentarias revelaron que políticos y legisladores del PT, de partidos aliados y algunos de la oposición, sacaron 55,8 millones de reales (unos U$S 28 millones al cambio actual) de las cuentas de Valerio.

El PT reconoció que creó una contabilidad paralela no declarada, pero negó soborno y corrupción.

El STF incluyó ayer entre los reos por denuncias de lavado de dinero y evasión de divisas al publicista Duda Mendonça, responsable de la campaña que llevó a Lula al poder en 2002.

Mendonça admitió en 2005 ante una comisión del Parlamento que el PT le pagó 10 millones de reales (unos 5 millones de dólares) en un paraíso fiscal.

El escándalo le costó el cargo al ex ministro Dirceu y a la cúpula del PT. La oposición llegó a amenazar con un proceso de censura contra Lula, pero las acusaciones nunca llegaron a implicarlo directamente.

El presidente alegó que nada sabía de lo que hacía su partido y fue reelecto en octubre de 2006.

El juez del STF Marco Aurelio de Mello aseguró que el juicio «no acabará en fiasco».

Irónicamente, el relator que condujo las deliberaciones y llevó a la corte a aceptar la inculpación de los 40 acusados fue nombrado por el propio Lula en 2003, cuando se convirtió en el primer juez negro del supremo brasileño. *