Garzón acusa a su gobierno de incumplimiento

La pugna político-judicial española en torno al polémico caso se agudizó con un enfrentamiento epistolar entre el Canciller Abel Matutes y el juez encargado en la Audiencia Nacional –máxima instancia penal– del sumario abierto en 1996 en Madrid contra el ex dictador chileno. «En nuestro país no se puede interferir el curso del procedimiento judicial de extradición», señala el juez Garzón en un escrito enviado ayer jueves a Matutes, según revelaron fuentes judiciales.

Garzón afirma que el gobierno ha pecado de «incumplimiento» de las normas establecidas al respecto al «no permitir ahora la defensa de las primeras alegaciones» judiciales en torno a la revisión del caso de extradición de Pinochet, solicitada por España a Gran Bretaña a fines de 1998.

El juez respondió así a una carta de Matutes, que el pasado miércoles recordó a Garzón que podía acudir al Tribunal Supremo para plantear un conflicto de competencias, si lo estimaba oportuno, para dilucidar las discrepancias surgidas al respecto.

Las discrepancias político-judiciales españolas se agudizaron, esencialmente, con la negativa del Gobierno de no tramitar a Londres la petición de Garzón para recurrir un posible rechazo británico de la extradición a España del ex general chileno.

El gobierno considera que el «caso Pinochet» se encuentra ahora en la fase «política» y no en la judicial, tras la predisposición del ministerio británico del Interior de rechazar la extradición de Pinochet y liberar al ex dictador por razones de salud.

Pero, en opinión de Garzón, se ha producido «un incumplimiento por omisión por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, al no permitir ahora la defensa de las primeras alegaciones, sobre el informe médico, en la revisión judicial del caso».

Garzón estima vital que las partes personadas en el procedimiento de extradición conozcan el contenido del informe británico sobre los exámenes médicos que avalan la decisión de poner en libertad a Pinochet, detenido en Londres desde el 16 de octubre de 1998 a petición del juez español, que posteriormente pidió también su extradición.

En su carta a Garzón, el ministro Matutes reitera que el gobierno español no recurrirá en Londres la eventual decisión del ministro británico del Interior, Jack Straw, de liberar a Pinochet.

Matutes envió la misiva en respuesta a una nueva petición de Garzón solicitando la tramitación a Londres, por vía diplomática, de sus instrucciones judiciales para presentar recurso ante la posible liberacion del ex dictador.

Garzón insistió este jueves en su posición.

En su carta a Matutes, el juez solicitó a la Cancillería «no que dé las instrucciones que considere, sino que dé curso al escrito» en el que personalmente dio instrucciones para que la Fiscalía británica y los abogados que en Londres defienden la extradición, actúen «sin interferencias administrativas que dificulten o imposibiliten su labor».

Para el gobierno, la decisión que adopte Straw al respecto pertenece al «ámbito político» y no al judicial, y que por lo tanto no es recurrible.

Al defender la posibilidad de un recurso, Garzón explica que de acuerdo a las normas, «el juez expone su criterio y pide al gobierno» que lo interponga en su debido momento, «pues no hacerlo es renunciar anticipadamente a la continuación de la extradición».

El propio Matutes había dicho el miércoles que España haría «el ridículo político» si decidiese ahora cambiar de actitud, recordando que desde la detención de Pinochet el gobierno ha respetado escrupulosamente las decisiones judiciales «mientras nos hemos movido en el terreno judicial». Del mismo modo, dijo que el gobierno ya anunció que respetaría «las decisiones que por razones humanitarias o médicas tomara en su día el ministro británico».

Por el momento, el caso sigue moviéndose en el ámbito «político-administrativo de las relaciones de gobierno a gobierno», afirmó el ministro al descartar cualquier gestión judicial española al respecto.

El ministro subrayó en su carta a Garzón que la Constitución española autoriza a los jueces a iniciar un procedimiento de conflicto de competencias cuando existen discrepancias entre un magistrado y el gobierno.