Argentina: ministra sospechosa de contrabando de armas

Garré salió ayer rápidamente al ruedo para aclarar los alcances de la citación del juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia y explicó: «No es una imputación sino una citación para entregar información y pruebas, diligencia previa para decidir una imputación o una indagatoria».

El magistrado investiga por presunto «contrabando agravado» la exportación, abortada por la Aduana, de partes y accesorios de fusiles FAL y FAP de la estatal Fabricaciones Militares (FM).

El importador es la firma JLD Enterprise, radicada en Connecticut (Estados Unidos, este) y propiedad de José Luis Díaz, un ex militar argentino, según precisó Garré.

El cargamento de armas, autorizado por la ministra en diciembre de 2006, comprendía 6.739 kilos de accesorios y partes de fusiles FAL y FAP por un precio declarado de apenas 2.664 dólares, «una subfacturación tan grosera que no resultó necesario recurrir a un estudio de valor para decidir bloquear la exportación», argumentó la Aduana.

Las partes se vendían como «desguace», pero se sospecha que los componentes estaban en condiciones de ser ensamblados para luego venderlos a un precio varias veces superior.

«Yo no sé cuánto valen esas cosas, no sé lo que es un FAL o un FAP, no entiendo de arandelas, resortes o caños, éste no es un ministerio técnico», se defendió la ministra ante la prensa en las puertas de su domicilio.

Garré precisó que la operación investigada es una de un total de 11 que FM realizó desde 2003 con el mismo destino y que involucra partes de fusiles.

La citación se produce horas antes del lanzamiento de la candidatura a la Presidencia de la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, para las generales del 28 de octubre, en un acto en la ciudad de La Plata (60 km al sur).

«De acá a octubre vamos a ver muchas sobreactuaciones, las razones del juez no las conozco, pero está absolutamente sobredimiensionada la eventual responsabilidad del Ministerio, que no debe evaluar precios porque para eso hay otros organismos», dijo Garré.

La ministra explicó que los ministerios de Economía, del que depende Aduana, Planificación Federal, bajo cuya órbita opera Fabricaciones Militares, y Relaciones Exteriores conforman un comité que preside Defensa, encargado de evaluar distintos aspectos de estas operaciones.

«Lamentablemente la Aduana no hizo ninguna objeción durante reuniones previas, lo que hizo que no sólo yo sino otros ministros hayan firmado desde 2003 las resoluciones de exportación», sostuvo.

La ministra explicó que la justicia «entiende que el precio de FM es irreal y podría haber una maniobra para generar una ganancia indebida para alguna de las dos partes que intervienen» en la operación.

Pero las objeciones de Aduana no sólo tienen que ver con el valor declarado en el despacho sino también con la existencia de números identificatorios «mellizos o limados», según el organismo.

Fabricaciones Militares está presidida por Arturo Puricelli, un funcionario oriundo de Santa Cruz, la provincia natal del presidente Néstor Kirchner.

Horas después de conocida la citación, la comisión de Asusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura (encargado de designar y remover a los jueces) pidió el juicio político para Tiscornia en una causa por presunto soborno cuyo análisis estaba previsto recién en agosto, según fuentes judiciales. *