Chile no entrega a Pinochet

«A diferencia de la detención de Pinochet en Londres, en el Palacio (de gobierno) aseguran que el final de este episodio está asegurado: el pedido de extradición será rechazado pues se aceptarán los test de salud para el general en retiro», escribe el periódico.

Citando a una «alta fuente» del gobierno, La Tercera señaló que «los exámenes cambiarán todo el escenario».

Sin embargo, el diario anticipa que el principal problema para el gobierno es evitar la detención preventiva de Pinochet, que debería decretar la Justicia chilena cuando llegue la petición formal de extradición desde Argentina.

«Fuentes judiciales como gubernamentales coinciden en que, después de que llegue la petición del juez (Juan José) Galeano a la cancillería chilena y, por esta vía a la Corte Suprema, el ministro del máximo tribunal a cargo de tramitar al extradición no tendrá más alternativa que dictar la orden de detención en contra del desaforado senador Pinochet», escribe La Tercera.

En tanto la defensa de Pinochet anticipó su rechazo a la jurisdicción argentina en el caso en la primera reacción que se conoce desde el círculo más cercano al ex dictador chileno.

«No reconocemos la jurisdicción argentina para los cargos que se imputan», declaró el abogado Gustavo Collao al diario Las Ultimas Noticias, al tiempo que precisó: «No hemos sido legalmente comunicados» respecto a la decisión del juez Galeano.

Precisó que la solicitud debe ser aprobada por los organismos competentes chilenos, como la Corte Suprema, antes de ser reconocida oficialmente.

El juez Galeano decidió pedir la extradición de Pinochet y otros seis altos miembros de la DINA (la disuelta policía secreta de la pasada dictadura chilena) por el homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en el barrio Palermo de Buenos Aires el 30 de setiembre de 1974.

En tanto el gubernamental diario La Nación anticipó que el gobierno del presidente Ricardo Lagos buscará distanciarse del caso de extradición de Pinochet a la Argentina para evitar problemas con el Ejército.

«Trascendió que el gobierno chileno seguirá apoyando este caso a través del abogado argentino Alejandro Carrió, pero que en Chile tomará la debida distancia del proceso para no reavivar los desencuentros con el mundo militar», escribe La Nación.

«Parte de la estrategia delineada por el gobierno consiste en que solicitará a las direcciones partidarias de la Concertación que se pronuncien sobre el asunto y de esta forma evitará verse involucrado en este caso, que depende única y exclusivamente de los tribunales de justicia», informa el diario de gobierno.