La última maniobra de Uribe

Siguen en pie las informaciones aportadas por el jefe paramilitar sobre las conexiones de integrantes del gobierno, como el vicepresidente Francisco Santos y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, congresistas, gobernadores y alcaldes, con las mafias paramilitares, incluso en un intento de golpe de Estado contra el presidente Ernesto Samper. Surgen nuevas revelaciones, que muestran a todo el aparato político y de gobierno de regiones enteras en manos de los «paracos», dueños y beneficiarios del poder real junto a la cúpula partidista del gobierno, de liberales y conservadores. Todo esto se encuentra registrado, firmado y sellado en el pacto del Ralito, suscrito en 2001 y recién ahora revelado. Se anuncia que las próximas declaraciones del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como «Jorge 40″, habrán de involucrar a no menos de 410 políticos, sobre todo en el Magdalena, los cuales en su enorme mayoría fueron electos gracias a su acuerdo con los paramilitares. El «pacto del Chivolo», escrito a mano y firmado en esa instancia, ya está en poder de la Corte Suprema. Senadores liberales visitan en la cárcel de La Picota a sus colegas detenidos, como Juan Manuel López. El gobernador del César, Hernando Molina Araújo, estaba prófugo y se entregó, lo mismo que los congresistas José de los Santos y Víctor Guerra de la Espriella. En la nota del 18 de mayo («Colombia: el escándalo de la ‘parapolítica’ al rojo vivo») señalamos que los servicios de Inteligencia estaban directamente involucrados en esta política por varias vías, entre ellas la del espionaje telefónico, que incluía 8 mil horas de grabaciones ilegales durante dos años abarcando a los sectores de la oposición (el Polo Democrático, su dirigente y candidato presidencial Carlos Gaviria y el senador Gustavo Petro, entre otros) y a la vez a distintos sectores del propio gobierno.

Los jefes paramilitares presos en la cárcel de Itagüí en el marco del plan de «Justicia y Paz» de Uribe viven con total comodidad, cuentan con sus celulares y televisores, desarrollan sus actividades y mantienen sus contactos con vistas a las próximas elecciones municipales.

Vimos en directo a Alvaro Uribe hablando en la toma de posesión del nuevo jefe de Policía. Para que éste accediera al cargo fueron licenciados 12 generales, presuntamente involucrados en el escándalo del espionaje, del cual ninguna autoridad se hizo responsable. El presidente lucía descontrolado y vociferante, gesticulaba y según una crónica «empleaba el mismo tono con que los militares dan órdenes». Dijo: «Aquí no hay despejes. Señores generales, vamos a rescatar a Ingrid Betancourt. Insistiremos en el rescate por vía militar».

De inmediato se produjo una catarata de pronunciamientos contrarios. En primer lugar de los familiares de los rehenes, aterrorizados por esta perspectiva. Se sumaron ex comandantes en retiro y el suboficial de Policía John Frank Pinchao, que escapó de su cautiverio y advirtió sobre los riesgos de un operativo de ese tipo. (Este policía sustituyó en las pantallas de TV a Mancuso y a los políticos encarcelados, y debidamente aleccionado por el ministro de Defensa va a iniciar una gira por el mundo para defender la política del gobierno). Al otro día vino la respuesta del movimiento popular y de la oposición en todo el país y particularmente en Bogotá, donde 11 marchas organizadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y el Polo Democrático convergieron sobre la céntrica plaza de Bolívar con un triple reclamo: recursos para la educación pública y contra un proyecto gubernista que recorta los fondos, contra el TLC con Estados Unidos (al cual Uribe está jugado,aunque se queja de que Washington lo trata «como un paria», a diferencia de lo que ocurre con Perú y Panamá), por «toda la verdad» sobre la «parapolítica» y contra el rescate a sangre y fuego. Uribe tiene abiertos varios otros frentes internacionales: con Venezuela, por imprudentes declaraciones del ministro Santos sobre el tema de la droga, y con Ecuador por las aspersiones con glifosato en la frontera, cuyo cese reclamaron organismos interamericanos.

También en Francia, frente a la catedral de Notre Dame se reunieron varios cientos de personas al llamado de la familia de Ingrid Betancourt, sus hijos Melanie y Lorenzo y el padre de ambos, Fabrice Delloye, para reclamar el intercambio humanitario. Melanie se entrevistó con el presidente Sarkozy apenas éste asumió y la Cancillería francesa reiteró su oposición a una acción militar.

En estas condiciones, la propuesta de Uribe dada a conocer el día 24 coloca una serie de condicionamientos a la liberación de una parte de los 500 presos de la guerrilla: que confiesen sus delitos, que no hayan cometido hechos de sangre, que se coloquen bajo la tutela de la Iglesia o viajen al extranjero, que se comprometan a no actuar. No habla de las dos zonas de despeje planteadas por la guerrilla como garantía para ambas partes. A cambio reclama la liberación de los 56 presos de las FARC. Estas se dirigieron al gobierno de Estados Unidos proponiendo liberar a sus tres cautivos estadounidenses: Marc Gonsalves, Thomas Howe y Keith Stansenn, a cambio de la puesta en libertad de Simón Trinidad y otra jefa guerrillera que fueron extraditados a Estados Unidos.

De la multitud de hechos que han salido a luz, he aquí algunas nuevas revelaciones: 1) Mancuso declaró que Carlos Castaño, su antecesor al frente de las AUC, y el ex director de Policía, general Rosso José Serrano, trabajaban juntos para el capo de la mafia del narcotráfico Pablo Escobar. 2) Dijo también que por orden de Serrano había relaciones constantes entre «paracos» y policías. 3) Policías en servicio activo piloteaban los nueve helicópteros de que disponían las AUC, operando por las noches. 4) Mancuso afirmó que él se encargaba personalmente del negocio de la droga desde 1996, que montaron sus laboratorios propios, que vendían en el mercado interno y luego comenzaron a exportar a otros países. Al final le entregó a la Fiscalía escrituras de propiedades suyas valuadas en 51 mil millones de pesos colombianos (un dólar equivale a unos 2.000 pesos). Congresistas denunciados por él alegaron que ocultaba muchos de sus negociados (con los juegos de azar, por ejemplo) y que se proponía revelarlos.

Una larga lista de grandes empresas aparecen como financiadoras de las AUC: las bananeras de Urabá encabezadas por Chiquita Brands, empresas del carbón, transportistas, distribuidores de bebidas, palmicultores y cafeteros, enmarcados todos en el sistema de extorsión de las AUC. El empresario bananero Raúl Hasbún (Pedro Bonito) arregló con Chiquita Brands, Banacol, Unibán, Probán, Boll y Belmonte el pago a los «paracos» por cada caja de fruta exportada. Las empresas transportistas pagaban una cuota por pasajero. La Copetrán, que en un principio se negó, era asaltada por el camino, el botín se repartía 50-50 entre los «paras» y la Policía, y al final terminó aportando 10 millones mensuales. Las productoras de bebidas como Postobón, Bavaria y otras eran el feudo de «Jorge 40″.

La empresa pesquera Vikingos abonaba cuotas con los camarones que los «paras» vendían. El empresario Carlos Mattos, de Hyundai, entregó vehículos de su marca. Los palmicultores del Magdalena pagaban 30 mil pesos por hectárea, los cafeteros de la Sierra Nevada 30 pesos por saco. En los contratos de obras públicas los «paras» cobraban el 5% del 70% contratado. La pista del dinero sigue siendo reveladora. *