Ecuador acusó a la SIP de comportamiento corporativo

La canciller María Fernanda Espinosa, dijo ayer a la AFP: «Es fundamental que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) vaya más allá de acudir al espíritu de cuerpo y a hacer una defensa a priori».

La diplomática pidió al organismo que «vaya al detalle y mire si el diario La Hora faltó o no a la verdad; si injurió o no al presidente», antes de criticar la demanda contra el director del periódico, Francisco Vivanco.

El mandatario entabló un juicio contra Vivanco por un editorial en que lo acusa de «gobernar con tumultos, palos y piedras», a raíz de un enfrentamiento a comienzos de marzo entre simpatizantes y diputados destituidos.

De ser hallado culpable, el director de La Hora podría ser condenado a entre seis meses y dos años de prisión.

La SIP juzgó como «torpe la medida» y cuestionó las declaraciones posteriores del gobierno que advierten sobre acciones similares contra los medios que publiquen informaciones «sin sustento y calumniosas».

«Son más graves aún que la demanda porque encierran en sí mismas una amenaza contra todos los medios de comunicación buscando la autocensura», señaló la entidad en un comunicado divulgado en Miami.

Correa, al ignorar el pronunciamiento, acusó a la SIP de oponerse a los gobiernos progresistas, mientras el ministro del Interior, Gustavo Larrea, negó una persecución contra la prensa y descartó la clausura del medio de comunicación.

«La SIP está conformada no por los periodistas sino por los dueños de los medios (…) por eso coincidencialmente siempre se opone a gobiernos como el de (Salvador) Allende en Chile, al sandinista en Nicaragua, siempre a los gobiernos progresistas», señaló en su programa semanal de radio.

Ayer lunes La Hora rehusó disculparse con el mandatario, como condicionó el gobierno para retirar la demanda, y reparó en el alcance de la acción legal.

«Lo importante es que el camino que el gobierno ha trazado frente a la libertad de información y expresión supone que en lo posterior cualquier persona que opine, que tenga el derecho o la audacia de informar, será perseguido por este mismo camino», sostuvo Vivanco. No obstante, Larrea insistió en que el caso no representa una amenaza velada contra los reporteros.

«En absoluto (existe una persecución). Si es que existiese no hubiéramos acudido a un mecanismo legal, hubiéramos clausurado un medio o atemorizado a un periodista», declaró el funcionario.

Antes de Correa, la SIP había sido cuestionada por los gobiernos aliados de Quito, Venezuela y Bolivia, por informes que advierten sobre el deterioro de la libertad de prensa en esos países, que promueven con variados matices el nuevo socialismo. *